En sí misma, es una pretensión razonable. Sería justo que todos los acreedores cobraran lo mismo en términos porcentuales. En un proceso concursal, ello se expresa con la máxima “pars conditio creditorum” (paridad de condiciones de los acreedores).
Pero hay un pequeño detalle que pasa por alto: algunos holdouts tienen en su favor una sentencia firme que les da derecho a cobrar el total de su crédito.
La Argentina no puede obrar como si ese elemento no existiera. La sentencia puede ser criticada (de hecho, lo es, inclusive en los Estados Unidos), pero no puede ser desconocida. Mejor dicho: puede ser desconocida, lo que no se puede evitar son las consecuencias de ese desconocimiento.
En tal sentido, la decisión de la presidente de recurrir a la Corte de Justicia de La Haya no es más que otro eslabón en la cadena de desatinos que viene jalonando la estrategia gubernamental sobre la deuda.
Al margen de que se requeriría la conformidad de los Estados Unidos respecto de esa jurisdicción de ese tribunal (la que fue ya denegada), es evidente que no es este un asunto para el mencionado tribunal. No hay un diferendo entre Estados. Más aún, el gobierno norteamericano respaldó la posición argentina, pero nada puede hacer frente a una sentencia firme.
Además, es absurdo demandar a los Estados Unidos por la forma en que falló un juez cuando la propia Argentina le cedió libremente jurisdicción a ese juez.
Aunque al ministro Kicillof le cueste entenderlo, Obama no puede obligar a Griesa a fallar como él quiere. El economista “marxista-keynesiano” (si tal cuadratura del círculo pudiera concebirse) añora los viejos buenos tiempos del stalinismo, cuando los jueces eran meros empleados del Poder Ejecutivo, y no se adapta a un régimen de Estado de Derecho, en el que la independencia judicial es un pilar fundamental.
Pero la economía internacional no se rige por esas añoranzas. Si los países desarrollados y los principales operadores económicos consideran que la Argentina está en default, la Argentina está en default a los efectos prácticos, por más que puedan desarrollarse cien tesis doctorales para demostrar lo contrario.
El default no es gratis. Implica, entre otras cosas, cerrar los canales crediticios y restringir la posibilidad de inversiones. En consecuencia, la opción de no pagar -y, en especial, la de no pagar de manera altanera, ostentosa, desafiante y casi entusiasta-, que barajan algunos economistas, inclusive no cercanos al kirchnerismo, no debería ser meneada con tanta ligereza.
Estamos en una encrucijada. Todas las decisiones tienen sus costos, pero la Argentina debería privilegiar aquellas que no lo aíslen más ni le hagan más complicada la reinserción en los circuitos de la economía mundial, sin la cual no tendrá destino.
Ahora bien, en ese contexto no parece que ayude mucho a recrear la confianza de los mercados que la propia jefa de Estado confiese su nerviosismo y lagrimee. Nadie se quedaría tranquilo si, cuando se interna para una operación quirúrgica, el cirujano le dice, mientras lo están por anestesiar, que se encuentra muy nervioso por la intervención que está a punto de emprender.
De todas formas, no faltan en este caso motivos para su preocupación. La situación económica es calamitosa. La recesión se acentúa, aumenta el desempleo, la inflación crece sin parar, el país está otra vez en default, Brasil no se recupera y demanda menos productos argentinos y el precio de la soja no deja de caer.
El ministro de Economía tampoco contribuye a la calma, no solamente de los mercados, sino de la ciudadanía en general. Quiere ser gracioso en sus intervenciones, pero no tiene gracia. Y no vivimos horas que permitan al conductor económico bromas ni divagues. El pueblo quiere, otra vez, saber de qué se trata.
El proyecto enviado al Congreso profundiza el default o, dicho de otro modo, le da status legal. Al cambiar la legislación y jurisdicción de los bonos, aunque ese cambio sea voluntario, se da un paso más para incumplir la sentencia del juez Griesa. No es con estos subterfugios como la Argentina va a resolver este complejo embrollo en el que nos metió un gobierno que ha sabido unir magistralmente la mentira y la mala praxis.
El PRO, la UCR y el Frente Renovador han adelantado su voto en contra. Es lo que deben hacer. Con el proyecto remitido, que en la práctica no tendrá efecto alguno ya que es altamente improbable que una mayoría de bonistas acepte el canje, lo que el kirchnerismo quiere es socializar las pérdidas políticas: que el default y sus nefastas consecuencias sean la obra compartida de toda la clase política. Por cierto, nunca socializa las que percibe como ganancias.
No hay ninguna solución simple a este problema, pero cualquier salida debe partir del sinceramiento de la situación y de no “malvinizar” cuestiones que deben ser abordadas con seriedad y con la cabeza fría antes que con apelaciones emocionales de un primitivismo indignante. Que se termine con la mitología de los buitres y se les hable a los argentinos con la verdad. A treinta años de la recuperación de la democracia, queremos dejar de ser un país jardín de infantes, como lo describió, durante la última dictadura, la siempre recordada María Elena Walsh.
Dr. Jorge R. Enríquez
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