El retorno del juez Thomas Griesa a sus actividad habitual, luego de una semana de vacaciones, se considera crucial para poder buscar un principio de acuerdo para que el Gobierno pague finalmente la sentencia definitiva por un total del 1.650 millones dólares a los fondos NML Eliot, Aurelius y Blue Angel y a 13 bonistas más. La Argentina insistirá que, como paso previo que el magistrado acceda a poner un nuevo stay, luego de que lo levantara el 16 de junio pasado.
También se especula con que los holdouts sean quienes le soliciten a Griesa que imponga nuevamente la cautelar, si advierten vocación de negociar de las autoridades argentinas si se garantiza el pago a los bonistas que reestructuraron sus títulos en 2005 y 2010.
ECONOMÍA INSISTIRÁ CON EL PEDIDO DE RESTABLECIMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR
Estrategias de pago
En el mercado financiero se manejan dos alternativas para el pago de la sentencia a los bonistas que ganaron el juicio. Una, adelantada por Infobae hace un mes, consiste en la intención de Kicillof de replicar la solución Repsol, esto es abonar con bonos largos como BONAR 24 y BONAR 28 luego del 1 de enero del 2015 y estos serían comprados en simultáneo por un grupo de bancos internacionales. La otra, la que solicitan los holdouts: pago con bonos con vencimiento no más allá del año próximo: BODEN 2015, pero eso agravaría las necesidades de divisas al comienzo de un nuevo gobierno.
Otro tema que volverá a plantearse al Juez Griesa es el referido al alcance que podría tener para la Argentina la activación de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO), a favor de los bonistas que aceptaron las condiciones de los canjes I y II, porque reclamarían un trato igualitario con los holdouts, dado que vence el 31 de diciembre de 2014, si consideran que pese al fallo judicial se estaría frente a un acuerdo voluntario de pago de la totalidad de la deuda sin quitas y menos plazo.
Por eso, la posición del Ministerio de Economía se mantiene inflexible: “Si no se vuelve al stay, para que nosotros podamos pagar a los bonistas reestructurados antes del 31 de julio para no caer en default técnico, no hay negocación posible”. Así se lo hicieron saber el último viernes al medidador los secretarios de Finanzas, Pablo López, y de Legal y Administrativo Federico Thea.
fuente infobae