La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó hoy un examen de las transferencias de fondos de la ahora desaparecida Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) durante el período 2007-2009 a empresas privadas por el Programa 16 – Administración y Control Comercial. Y detectó que el organismo giró 6 millones de pesos de manera indebida.
“El informe es contundente: autorizó pagos de subsidios por montos hasta en un 30% superiores a los solicitados por los beneficiarios. Y lo hizo sin ninguna fundamentación”, advirtió el titular de la entidad, Leandro Despouy.
El estudio evaluó las transferencias de fondos destinados para subsidiar la actividad de industriales y operadores rurales que sólo vendan sus productos en el mercado con el objetivo de lograr estabilidad de precios para los consumidores.
Para Despouy, “se trató de una desorganización planificada para el otorgamiento de los subsidios con discrecionalidad”. No hubo ningún mecanismo de control, afirmó.
El organismo, disuelto en febrero de 2011 por la presidente Cristina Kirchner y remplazado por la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci), “no controlaba el impacto” de la asignación de esos fondos y tampoco “si el subsidio había sido aplicado para el destino que había sido confinado”, dijo el responsable de la AGN.
“El beneficio era más de lo que correspondía”, advirtió Despouy, quien recordó que la propia Oncaa “reconoció” los errores y “declaró la nulidad de actos administrativos”, aunque “no puso en práctica ninguna acción de recupero”.
La AGN adelantó que mañana presentará al juez correspondiente su informe con las conclusiones sobre las irregularidades.
Archivo:
El actual administrador federal de Ingresos Públicos y el titular de la disuelta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, cuenta con tres causas en su contra abiertas en la Justicia.
Se trata de una denuncia impulsada por la Coalición Cívica contra el fallecido ex mandatario Néstor Kirchner, por supuesto enriquecimiento ilícito, pero que también se amplía a Echegaray, a la presidenta Cristina Fernández, al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, sobre quien pesan varias causas.
La segunda corresponde a presuntas coimas cobradas por el titular de la Afip cuando conducía la Oncca, además de la acusación de defraudación a la administración pública y enriquecimiento ilícito.
Esta denuncia se basa en la entrega de subsidios a feed lots truchos, donde la Oficina Anticorrupción detectó conexiones con familiares de Echegaray.
También hay otra realizada en conjunto por los diputados nacionales Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica; Christian Gribaudo, del PRO; el radical Carlos Urlich; y justicialista federal Enrique Thomas.
Estos legisladores habian presentado ante la Justicia pruebas que demuestran que Echegaray fue “el impulsor del desmembramiento y desorganización del organismo (Oncca) a los fines de que se perdieran años de trabajo y seguridad informática, apañando la comisión de ilícitos”.