Desde que el secretario de Justicia, Julián Alvarez, y el diputado nacional Eduardo “Wado” de Pedro, ambos delfines de Máximo Kirchner, desembarcaron en la Magistratura –cuya función es seleccionar, nombrar y remover jueces–, han sido observados con recelo no sólo por los opositores sino por los propios kirchneristas. “La Cámpora marcará el ritmo del Consejo”, explican fuentes cercanas a los magistrados.
Sin embargo, en el entorno de Wado de Pedro y Julián Alvarez niegan estas acusaciones y resaltan que existe “un permanente intento de desprestigiar a la agrupación preferida de la Presidenta”.
Desde la oposición aseguran que la jugada apunta a “domesticar magistrados” que tienen en sus manos investigaciones contra funcionarios. Pero las miradas aparecen cruzadas por las internas que atraviesan el Consejo, incluso diferentes sectores del oficialismo.
Grietas en el oficialismo. Uno de los sectores, más alineados con kirchnerismo de “paladar negro” lo integran el representante de los académicos, Manuel Urriza, y la senadora kirchnerista Aída Iturrioz, quien además preside la Comisión de Acusación, clave para el impulso de las causas contra los magistrados.
En el otro bando, también K pero más cercano al PJ, se encuentran el diputado nacional Carlos “Cuto” Moreno y el senador Marcelo Fuentes. Además de los representantes del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez y el diputado nacional Wado de Pedro, quien preside la Comisión de Selección del Consejo, posición clave para el nombramiento de nuevos magistrados.
Los nombres. La lista de jueces bajo la lupa estaría liderada por el juez federal que más sobresaltos ha traído al kirchnerismo en los últimos tiempos, Claudio Bonadio.
Este magistrado dictó el procesamiento y la prisión preventiva del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y procesó al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por “abuso de autoridad”. Además tiene la causa del auto trucho del vicepresidente Amado Boudou.
En el segundo lugar de la lista estaría el juez Daniel Rafecas, que ya contaría con el aval radical para destituirlo. Seguiría Ariel Lijo, actual juez a cargo de la causa por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito del vicepresidente Amado Boudou. Próximo en la lista estaría Norberto Oyarbide, y se analizaría en detalle la situación del juez penal tributario Javier López Biscayart, quien investiga ahora a Lázaro Báez por presuntas facturas truchas, causa que podría involucrar la familia Kirchner.
El otro juez en la mira es el joven Sebastián Casanello, que ayer resolvió no elevar a juicio oral a Mauricio Macri por la causa de supuesto espionaje ante la falta de pruebas de que haya participado en una “asociación ilícita”. Aunque Macri continúa procesado.
Cerca del sector vinculado a La Cámpora explican a PERFIL que para remover a un juez se requieren nueve votos, de modo que para lograrlo se necesitaría el voto de uno de los radicales, por ejemplo.
Hasta ahora ningún consejero representante de jueces ha votado en contra de sus pares. Lo que haría más difícil que avance la iniciativa kirchnerista.
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