En la Cámara baja, el oficialismo contó con el apoyo de aliados para dar media sanción al proyecto.
La Cámara de Diputados aprobó esta noche, en una sesión especial impulsada por el oficialismo, el polémico proyecto que establece un marco regulatorio para las demandas de particulares o empresas contra el Estado Nacional, donde se determina que estos pleitos sean resueltos por el fuero Contencioso Administrativo.
La inciativa fue aprobada con 129 votos a favor. 105 legisladores votaron en contra y dos se abstuvieron. Será girada a la Cámara de Senadores, donde recién será tratada en el período ordinario del próximo año, según lo anticipado la semana pasada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Incluido originalmente en el proyecto de ley que unifica los códigos Civil y Comercial por la comisión redactora integrada por dos miembros de la Corte Suprema -su presidente, Ricardo Lorenzetti, y Elena Highton de Nolasco-, el oficialismo decidió separarlo y hacer un proyecto de ley aparte, que ingresó por la Cámara baja.
La polémica surgió porque el Poder Ejecutivo pretende que todas las cuestiones relacionadas con demandas contra el Estado se resuelvan en el fuero administrativo, que no tiene una legislación unificada, ya que cada provincia, y hasta los municipios, tiene la facultad de dictar sus propias normas.
El oficialismo decidió impulsar una sesión especial donde se traten los proyectos incluidos en el temario, debido a que el radicalismo y otros bloques opositores anticiparon que no darían qúorum para debatir esta iniciativa propiciada desde el gobierno nacional.
El oficialismo, que tiene 109 legisladores, alcanzó el piso de 129 diputados junto con sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, el Movimiento Popular Neuquino, Nuevo Encuentro, el PJ de la Pampa, los dos salteños, el radical correntino.
El dictamen emitido por la comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General que se debatió en la sesión especial establece el marco regulatorio para las demandas del Estado, donde se desestiman las disposiciones del Código Civil.
DURAS CRÍTICAS DE CARRIÓ
Una de las diputadas que se opuso con dureza al proyecto fue Elisa Carrió, quien afirmó que la ley “es el quiebre del Estado de derecho” y que significa “una autoamnistía para los funcionarios kirchneristas en retirada y en especial para un Ministerio, el de Planificación Federal comandado por Julio De Vido”.
“Es una inconsistencia tremenda que esta Cámara vote la indemnización a los ex presos políticos y al mismo desconozca los derechos humanos del resto de habitantes. Los derechos humanos son para todos, no para algunos”, sostuvo.
“Esta ley no le importa a los diarios, porque todos los diarios defienden a De Vido”, dijo Carrió y agregó que “el único que nunca firma, el que escribe los pactos de atrás pero nunca firma, es Zannini” porque “esta Ley es parte del Pacto de Zannini y Lorenzetti, el autor del Código Civil y el que lo corrige”.
Carrió les habló a los diputados del bloque oficialista y les dijo: “Esto es contra su propia historia, esta ley viola los derechos humanos, esta ley es un enmascaramiento de una autoamnistía”.
Dedicó un párrafo al diputado Héctor Recalde, quien “quitó la culpa de la ley de responsabilidad del estado para proteger a su hijo (Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas).¿Para qué va incluir esto una de las personas que más sabe de derecho?”, se preguntó Carrió.
Agencias DyN y Télam.