Según describe el periodista en la nota, la viuda de Kirchner apostrofó a voz en cuello –como es su costumbre– a cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante una reunión en Olivos por la cuestión de la ley de medios.
Que cuatro personas grandes, supuestamente versadas en derecho, poseedoras de una estabilidad prácticamente vitalicia en la cúspide de uno de los poderes del Estado se dejen ningunear y reprender a los gritos como colegiales sorprendidos en una travesura por una persona que por más pergaminos que presuma tener no deja de ser ignorante y chabacana no sólo da cabalmente la medida de la profunda decadencia en que han caído las instituciones de la República desde el advenimiento del kirchnerismo –quizás el legado más tóxico que dejará detrás de su partida del poder– sino que abre serios interrogantes sobre la consistencia moral de los cortesanos.
Se trata nada más ni nada menos de funcionarios judiciales que tienen el inmenso poder de producir las más graves y severas injusticias a los ciudadanos de a pie quienes han permitido –a estar de la nota– que la titular de otro poder de igual jerarquía mancille a la majestad de la justicia destratando a sus máximos exponentes injuriando ya no sólo a su investidura sino a su idoneidad profesional y a su dignidad personal.
Y eso debe prender alarmas en la gente pensante porque de aquí en más vidas y haciendas no sólo están ya supeditadas al humor vitriólico de una mujer manifiestamente dominada por la arrogancia, el rencor, el resentimiento y el odio, sino que también comienzan a estar amenazadas por una Corte que de acuerdo a esa fuente ha dado muestras de indignidad callando frente a las diatribas y presiones injustificadas de la titular de otro poder del Estado perdiendo así todo vestigio de credibilidad.
Ningún otro medio pareció darle importancia a este episodio denigrante, no por los dichos de una mujer evidentemente con las facultades mentales alteradas, sino por la pasividad de los receptores que aceptaron mansamente que los insulten diciéndoles “Hacen todo mal ustedes” como si fueran sus empleados.
Ante esto no tiene ninguna importancia el fallo sea bueno o malo como no sea para que una facción de bulliciosos papagayos grazne estridentemente y se solace como si hubiera ganado un partido de fútbol. Lo que verdaderamente tiene que preocupar al público es lo que está por debajo de este episodio repugnante al más elemental sentido republicano.
Y no me hablen de que como parte del Estado el Poder Judicial tiene la responsabilidad de preservar la “gobernabilidad”, ése es un cuento envejecido con el que demasiado tiempo unos cuantos vivillos asustaron a millones de personas incapaces de formarse juicios con algún grado de propiedad.
Si después de 30 años de supuesto imperio de la democracia todavía hay que “preservar” la gobernabilidad porque un rebaño de brutos e incapaces sometidos por una adalid infatuada y megalómana generan por su incompetencia condiciones de inestabilidad social quiere decir que la Argentina ni siquiera ha empezado a recorrer el largo camino que lo separa del status de país serio y respetable.
La función de la Corte no es preservar la “gobernabilidad” cediendo a los caprichos de una desequilibrada sino preservar el imperio de la Constitución Nacional. La función de la Corte no es retorcer los institutos y los principios constitucionales para evitar que la debilidad del gobierno derive en desórdenes sociales, es proteger los derechos consagrados en el estatuto fundacional.
Claro está que a nadie debe asombrar que una Corte incapaz de hacer cumplir sus sentencias a otros poderes tolere las filípicas presidenciales, dado que es un órgano impotente que no sirve para administrar justicia porque para el gobierno ya le perdió el respeto que nace del imperium que otorga el orden jurídico a ese Poder del Estado.
Es por consiguiente lícito sospechar que el milagro producido por esos cuatro miembros de la Corte que de repente contradijeron sin ruborizarse varias de sus sentencias anteriores para decir que lo que ayer no era constitucional ahora lo es obedece más al reto de la viuda que a sus íntimas convicciones técnicas.
¿Debería sorprender esta salida de parte de un Tribunal que convalidó la absurda “nulidad” de una ley derogada ignorando olímpicamente los principios de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y el principio de “non bis idem” para complacer a la corriente que estaba “de onda” en esa época? ¿Por qué vacilarían en pisotear el derecho de propiedad ahora que se vive en medio de un populismo desaforado que no trepida en apropiarse de lo ajeno saltando por sobre la Constitución?
Si en varias resoluciones anteriores enfatizaron el respeto a los tratados internacionales suscriptos por el país, separaron de sus madres y enviaron implacablemente a niños inocentes a que sean maltratados por sus padres en otros países porque era necesario cumplir con los convenios de restitución de menores so pena de incurrir el país en el descrédito internacional ¿Porqué ahora perdieron ese temor? ¿Los demás tratados no existen? Realmente, hay que decir que como intérprete de la partitura de la Constitución la Corte desafina.
Ya no importa si hubo o no un pacto como dice Carrió sin pruebas, si se trata de Clarín o de Trombón, eso es lo de menos, lo importante es que los más altos jueces de la Nación habrían aceptado con resignación –siempre a estar de la nota de León que no fue desmentida– que, inmisericorde, la viuda los vapuleara del derecho y del revés ¿Qué se puede esperar de personas con tal pobreza moral por cierto incompatible con la dignidad de sus cargos que aceptan tamaña degradación personal en silencio? ¿Justicia? ¿Derecho?
Los argumentos con que fundan su decisión rebatidos irrefutablemente por una eminencia jurídica como el Dr. Fayt en su disidencia son anecdóticos, lo que importa es lo que está por debajo de tamaño despropósito que por cierto excede el plano meramente judicial, porque nada bueno cabe esperar de ministros que arrugan frente a los gritos e injurias de una presidente pendenciera y caprichosa sobre todo ahora que el instituto del “per saltum” permite que la Corte tome los casos que comprometan al gobierno sin otra razón que la supuesta gravedad institucional para que entonces con cuatro gritos la viuda ponga a parir a los supuestos custodios de la Constitución.
fuente informadorpublico