La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un planteo del Gobierno para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en una de las causas que se iniciaron por las multas que la Secretaría de Comercio Interior le aplicó a consultoras privadas por difundir índices alternativos de precios.
Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias DyN que la Sala II de la Cámara no hizo lugar al recurso extraordinario que presentó Comercio Interior para llegar al máximo tribunal y ahora el Estado tiene la posibilidad de recurrir directamente ante la Corte a través de un recurso de queja. La Sala había revocado por la multa de 500 mil pesos que la Secretaría de Guillermo Moreno le impuso a la consultora Finsoport, del economista Jorge Todesca, por medir la inflación a través de un método que no daba a conocer y que consideraba que distorsionaba los índices oficiales de inflación del INDEC, que habitualmente da a conocer porcentajes notoriamente inferiores a los de las consultoras y las direcciones provinciales de Estadística.
La misma multa había aplicado a otras consultoras y distintas salas de la Cámara en lo Contencioso revocó todas al entender que la norma aplicaba por la Secretaría era incorrecta para el caso.
Entre las consultoras multadas se encuentran Ecolatina, que fuera fundada y dirigida por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, FIEL, M&S de Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, y Orlando Ferreres y Asociados.
“Los agravios del recurrente no rebaten los fundamentos del fallo que impugna pues constituyen una reiteración de temas ya analizados por este Tribunal”, sostuvieron los camaristas Luis Márquez, María Caputi y José Luis López Castiñeira al rechazar el planteo del Gobierno para llegar a la Corte.
Por las multas a las consultoras, Todesca denunció penalmente a Moreno que fue indagado por el juez federal Claudio Bonadío junto a otros tres funcionarios de la Secretaría por abuso de autoridad.
En tanto, Moreno denunció a las consultoras privadas por el delito de agiotaje que castiga con seis meses a dos años de prisión a quien “hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado”.
Fuente: DyN