Ricardo Lorenzetti y Cristina Fernández: lejos del “pacto espurio” que denunció Carrió, la Rosada teme un fallo adverso por la Ley de Medios.
Son días cruciales en la Corte Suprema: los ministros del Máximo Tribunal comenzaron a deliberar el “fallo final” que puede declarar inconstitucionales artículos clave de la Ley de Medios y darle un fuerte golpe político a la Casa Rosada, incluso la semana próxima, antes de la PASO.
Pero las necesidades cotidianas en la Justicia hicieron que el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, tuviera que pedir más fondos al Gobierno para hacer frente a los aumentos salariales del todo el personal de Poder Judicial, que el 1º de julio tuvo un aumentó del 10% en sus nóminas.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) -el órgano de prensa de la Corte-, la Corte solicitó a la jefatura de Gabinete de Juan Manuel Abal Medina “la modificación de las partidas presupuestarias para otorgar un incremento salarial para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial.
Esta solicitud también se produce cuando un grupo de legisladores kirchneristas intentan introducir en el Congreso modificaciones a ley de la administración de la Justicia, que otorga tanto a la Corte Suprema como al Consejo de la Magistratura el manejo de la “caja judicial”.
El oficialismo, como forma de presión ante la Corte a la espera del fallo por la causa Clarín, aspira que sólo la Magistratura -hoy con mayoría K- administre los fondos del Poder Judicial, lo que recortaría drásticamente el poder político de Lorenzetti en la Justicia.
No obstante, la diputada Elisa Carrió denunció en la Justicia Federal un supuesto “pacto espurio” entre la presidenta Cristina Fernández y Lorenzetti -querella ya desestimada- que estipulaba que la Corte Suprema podía seguir gestionando la “caja” de Tribunales a cambio de dictar fallos favorable para el Gobierno por la reforma judicial.
Pero eso no sucedió: el Máximo Tribunal declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, el pilar de la llamada “democratización de la Justicia” que impulsó la Casa Rosada. Hoy, la aplicación de tres de las seis leyes de ese paquete están suspendidas por medidas cautelares.
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