En plena vigencia del acuerdo de precios que el Gobierno firmó con los supermercados hasta el 1º de abril, los comercios chinos salieron a reclamar que el convenio se haga extensivo a los proveedores para poder sostenerlo durante los 60 días que dura el compromiso. También pidieron que el acuerdo permanezca en el tiempo, ya que dos meses es muy poco tiempo y genera muchas dudas respecto de qué ocurrirá el día siguiente a la finalización del pacto.
“El acuerdo debería hacerse extensivo a otros actores como el logístico, de distribución y el mayorista. Es una herramienta eficiente si están todos los sectores. Hoy no es suficiente. Es una medida a tomar, pero faltan muchas”, manifestó el titular de la Cámara de Autoservicios y Supermercados Chinos (Casrech), Miguel Calvete, en declaraciones al programa “Bajo la Lupa” de FM Identidad.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, coincidió en la necesidad de contar con el compromiso de los proveedores de las cadenas como condición para sostener el acuerdo, pero se mostró confiado en que se alinearán.
El directivo señaló que “ha habido una buena respuesta de los proveedores y no hay previstos autorizados por la Secretaría de Comercio, por lo que tendría que este lapso tendría que transitar tranquilamente”. “El día 61 veremos”, enfatizó Vasco Martínez.
La vigencia del acuerdo probablemente se extienda cuando llegue la fecha de su vencimiento, pero el objetivo inicial de esta medida apunta claramente a moderar las negociaciones salariales, la mayoría de las cuales deben concretarse entre abril y mayo. Aún así, la decisión oficial fue ampliamente cuestionada por analistas, políticos y comerciantes por considerarla poco efectiva.
Rechazo
En esta línea, el presidente de la Cámara de Comercio de La Pampa, Jorge Ortíz Echagüe, cuestionó duramente el acuerdo de precios y aprovechó para criticar la implementación de los feriados no tradicionales. “Los comerciantes no somos formadores de precios. Somos el último eslabón de la cadena de venta al público”, afirmó el directivo, quien agregó que la medida “no hace más que reconocer la inflación por parte del Gobierno”. “Esto nos recuerda a una parte oscura de nuestra historia, como fue el Rodrigazo y a la que no queremos regresar”, manifestó.
Si bien apoyó el acuerdo –de hecho, la cámara que dirige adhirió–, Calvete advirtió que si bien es una herramienta necesaria, actualmente es insuficiente porque “tiene que estar acompañado por otro tipo de medidas que lo hagan sustentable y que generen la confianza necesaria”.
En medio de este debate respecto de si son válidos o no estos acuerdos de precios, legisladores de la oposición darán a conocer mañana el índice de inflación de enero, de acuerdo al promedio de las mediciones que realizan las consultoras privadas censuradas por el gobierno. Por su parte, el Indec difundirá el viernes las cifras oficiales de precios minoristas (ver aparte). Según estimaciones privadas, la inflación en enero se aceleró y se ubicaría entre 2,6% y 2,9%.
En cuanto a la supuesta presión del Gobierno para que los supermercados no publiquen avisos en algunos medios, Calvete afirmó que a Casrech “llegó la prohibición”, pero aclaró que eso atañe a las grandes cadenas porque su sector prefiere trasladar los costos de publicidad a la góndola.