En momentos en que se está desmoronando la economía del país, con una inflación galopante y una caída récord de la actividad inmobiliaria (ver página 4) y una recesión económica que parece no tener fin, la presidenta Cristina Kirchner decidió concentrar todas sus energías en una guerra política contra el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, por la colocación de un par de antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) en esa provincia.
Si no fuera real, lo que está ocurriendo podría constituir un sainete del genial Vacarezza. Concretamente, la primera mandataria usó su Twitter para preguntar, en alusión a las antenas clausuradas: “¿No hay un juez en Argentina que asegure la igualdad de todos ante la ley? ¿No hay amparo judicial por la violación de la libertad de prensa?”.
Es llamativo que la Presidenta se preocupe ahora por la libertad de prensa, cuando tanto su gobierno como el de su marido siempre despreciaron el periodismo independiente y gastaron cientos de millones de pesos para crear y sostener medios que actúan como boletines oficiales.
Es más, desde hace años, la administración K está desobedeciendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia que ordenó terminar con la discriminación en el reparto de publicidad oficial en función de la línea editorial de los medios.
Evidentemente, enfrascándose en esta pelea absurda con el mandatario cordobés, el Gobierno intenta ocultar una realidad cada vez más preocupante. Se están registrando indicadores económicos, como los del aumento del costo de vida, cuyos antecedentes más cercanos hay que encontrarlos en los comienzos de la ola hiperinflacionaria que sacudió al gobierno de Raúl Alfonsín en los años ‘80.
De ahí que economistas de distintas tendencias alerten que los acuerdos de precios anunciados por el inefable Guillermo Moreno, que ayer sumó a cadenas de electrodomésticos, terminen en un absoluto fracaso. Es imposible encorsetar la economía con negociaciones de escritorio.
Para vencer a la inflación se necesitan cambios estructurales del sistema económico, que impliquen menos clientelismo, más producción y generación de empleo genuino. También se requieren reglas de juego claras, que fomenten la inversión para ampliar la capacidad productiva.
Difícilmente alguien esté dispuesto a invertir un solo centavo si, de buenas a primeras, el Gobierno decreta medidas como el cepo al dólar, el cierre indiscriminado de importaciones o el aumento de la presión impositiva sobre las pymes.
Una cabal muestra de que otro camino es posible es Brasil. Ayer, se conoció que la presidenta del vecino país, Dilma Rousseff, planea eliminar los impuestos aplicados a los productos de la canasta básica de alimentos a fin de contener la inflación, que, según las previsiones, rondará este año un 5%, es decir menos de una quinta parte de lo que existe en la Argentina.
“Está en estudio una desgravación integral de la canasta básica, que primero implicará una revisión de los productos que la integran”, declaró la mandataria en una entrevista con radios del estado brasileño de Paraná.
Rousseff ratificó que una de las metas que se ha trazado para este año es “reducir la tasa de inflación”, que el año pasado cerró en 5,48%. Según cálculos del sector privado, la de 2013 puede ser un poco mayor, aunque el Gobierno trabaja con una previsión del 5%.
La canasta básica en Brasil está formada por carne, leche, frijol, arroz, harina, papa, tomate, pan, café, banana, azúcar, aceite y manteca, productos cuyos precios subieron una media del 10% en 2012, según cálculos de organismos sindicales independientes.
La jefa de Estado de Brasil no precisó en qué forma hará la revisión de los productos, pero sostuvo que la lista actual está “desfasada” con la realidad del país, por lo que es necesaria una “adaptación”.
La Presidenta afirmó que la política de desgravación por sectores que su Gobierno lleva adelante desde hace dos años, junto con la tendencia a la baja de las tasas de interés garantizarán el crecimiento de la economía nacional.
En la Argentina, desde los años ‘90, cuando el ministro de Economía era Domingo Cavallo, el IVA es del 21%, constituyéndose en el gravamen más distorsivo ya que afecta, principalmente, a los sectores socialmente más postergados que pagan este impuesto cada vez que compran un paquete de fideos.
Fuente: Diario Hoy (La Plata)-notiar