Un acuerdo impensado, un hecho político novedoso: la Cámara de Diputados aprobó anoche un proyecto de ley que otorga una indemnización extraordinaria a los familiares de los diez soldados formoseños que murieron el 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón, durante el ataque de Montoneros a un regimiento ubicado en los suburbios de la ciudad de Formosa.
El ataque, que fue el bautismo de fuego del llamado Ejército Montonero e incluyó el secuestro en pleno vuelo de un avión Boeing 737-200 de Aerolíneas Argentinas y el copamiento del aeropuerto formoseño El Pucú, fue narrado en mi libro “Operación Primicia”, el ataque de Montoneros que provocó el golpe de 1976”.
Los diez soldados eran también peronistas, como sus atacantes, y muy pobres: varios de ellos no habían podido salir de franco aquel domingo porque no tenían dinero para viajar a sus pueblos.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado radical formoseño Ricardo Buryaile; en su aprobación participó en forma decisiva el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, que en septiembre de 1975, un mes antes del ataque, había sido apresado por la policía en Corrientes, cuando era “oficial primero” de Montoneros y “militaba” en la Regional Noreste.
“Tenemos que reparar de alguna manera la macana que nos mandamos”, dijo Kunkel a uno de sus compañeros de bancada antes de la sesión.
El ataque fue un grave error de Montoneros admitido ya por sus jefes como su ex número dos, el ex “comandante” Roberto Perdía.
Por un lado, el intento de copamiento fue rechazado por la decidida reacción de los soldados de guardia, que eran jóvenes de 21 años que cumplían con el servicio militar obligatorio; los guerrilleros imaginaban que los conscriptos se rendirían sin disparar un tiro (En Formosa se recuerda el grito “¡Aquí no se rinde nadie, mierda” del soldado Hermindo Luna, uno de los muertos”!). Además, provocó la muerte de 25 personas: 10 soldados, 12 guerrilleros, un subteniente, un sargento y un policía. Luego, cuando todo había terminado, los militares salieron a reprimir y mataron a tres vecinos desarmados que no habían tenido nada que ver. Por si fuera poco, Operación Primicia desencadenó una serie de reuniones entre políticos, sindicalistas y militares que terminaron con la negativa del senador Italo Luder de reemplazar a Isabel Perón y la decisión del general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera, jefes del Ejército y la Armada, de dar el golpe, del que ya se venía hablando, apenas cinco meses después.
Con todo, el proyecto estuvo a punto de no ser aprobado por las protestas de un grupo de diputados kirchneristas encabezados por Remo Carlotto, uno de los hijos de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayor, Estela de Carlotto.
La votación final dividió a los jóvenes de La Cámpora: mientras Andrés Larroque votó a favor, otros lo hicieron en contra, como Leonardo Grosso; Humberto Pietragalla se abstuvo.
Al final, el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría y pasó al Senado donde sería convertido en ley.
Esta indemnización es la misma que ya cobró la mayoría de los familiares de los doce guerrilleros que también murieron en aquel cruento combate, que habían sido considerados como si hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado a pesar de que el ataque se había realizado durante un gobierno constitucional. Ese dinero equivale a cien veces el sueldo de la categoría de la administración pública nacional.
La indemnización, que será pagada una sola vez, también alcanza a los familiares del subteniente Ricardo Massaferro y del sargento primero Víctor Sanabria; el policía Argentino Alegre y a los tres civiles muertos. En ese cruento combate, que duró media hora, hubo también soldado heridos y otros que no fueron heridos pero que todavía sufren las secuelas del ataque, que no han recibido ninguna ayuda del Estado.
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