En un encuentro que promete reavivar la polémica sobre la utilización de las reservas del Banco Central para el pago la deuda a acreedores privados, los referentes de la Unión Cívica Radical se reunirán hoy con el presidente de la autoridad monetaria, Martín Redrado. El encuentro fue pedido por el titular de la UCR, Ernesto Sanz. También irá Gerardo Morales, presidente del bloque del radicalismo en el Senado. Los dirigentes de la oposición quieren saber si Redrado está a favor o en contra del decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario, que deberá nutrirse con 6.569 millones de dólares de las reservas para girar a los acreedores. Hasta ahora, el jefe del Central evitó pronunciarse sobre una medida que es considerada clave para la Casa Rosada. Las máximas espadas del radicalismo quieren saber si detrás de ese silencio existe una posición favorable o contraria a la voluntad del Ejecutivo.
La reunión se produce luego de que diversos sectores de la oposición plantearon que el decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta es ilegal ante el Poder Judicial. De hecho, hoy mismo el jurista y diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra se presentará en Tribunales para reclamar que el Banco Central “se abstenga” de usar la plata hasta tanto se expida el Congreso Nacional.
La presentación de Gil Lavedra sucede a la que hace algunos días realizaron otros sectores, como el PRO y la Coalición Cívica. Antes, la provincia de San Luis le pidió a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión. El máximo tribunal se manifestó competente en el tema, pero le reclamó a Cristina Fernández que le envíe toda la información sobre la medida antes de tomar una decisión.
En este marco, la visita de Sanz y Morales al primer piso de Reconquista 266 adquiere una clara dimensión política. Desde el radicalismo quieren darle la señal a Redrado de que no estará en soledad si finalmente decide volverle la espalda a la decisión de Cristina. La posición de la UCR y también de otros bloques de la oposición es que el destino de las reservas debe juzgarse en el Congreso de la Nación. Aunque el titular del BCRA evitó cualquier pronunciamiento sobre el tema, está claro que el acercamiento de las figuras del principal partido de la oposición le sirve como un claro respaldo político para el caso de que finalmente se niegue a girar las divisas a Economía.
En medio de su silencio, Redrado mandó una copia del DNU presidencial al área jurídica del banco y otra al bufete de abogados que el Central tiene contratado en Nueva York. Ninguno de los estudios se ha expedido aún.
En medio de la fuerte polémica que se armó en torno al pago de deuda con reservas, esa indefinición juega a favor de Redrado. Por ahora quedó al margen de los tironeos entre el oficialismo y la oposición. El escenario podría cambiar si la Casa Rosada le pone presión al banquero para que envíe los fondos. Hasta ahora, el Ministerio de Economía mandó dos notas al Central. En la primera reclamó la apertura de una cuenta en el Palacio de Hacienda para depositar el dinero. En la segunda, dirigida al gerente general de la autoridad monetaria, Hernán Lacunza, directamente se le pidió que girara los dólares. Desde Economía entienden que no hace falta ningún trámite adicional ya que el DNU tiene fuerza de ley. Por ahora, el jefe del Central no cumplió con ninguno de los pedidos.
Ayer, desde el radicalismo, afirmaban que la visita debía interpretarse como un respaldo político a Redrado, más allá de las respuestas que fueran a encontrar. Algunos dirigentes afirmaban incluso que el panorama cambiaría si ocurriesen dos cosas: una es si los Kirchner apuran una definición del banquero para liberar los 6.569 millones de dólares. Otra, si los bloques de la oposición citan a Redrado al Congreso para que dé explicaciones públicas sobre la cuestión, algo que, como se ha dicho más arriba, el funcionario viene evitando.
La movida en torno a las reservas era seguida con atención desde algunos bancos internacionales. Los financistas suponen que una crisis política en el Banco Central podría trabar la operación de canje con los holdouts, que el propio Amado Boudou saldrá a promocionar por varias capitales del mundo la próxima semana.
Desde el directorio de la autoridad monetaria también se observan los movimientos. Directores consultados por este diario admitieron el temor a que la utilización de reservas para pagarles a los acreedores privados derive en fallos favorables a los fondos buitre que litigaron contra la Argentina. Y piden embargar esos fondos públicos. A nivel internacional existen varias sentencias a favor de que las reservas pertenecen al Central, un ente autárquico. Un pase de manos de ese dinero daría vuelta ese argumento.
Puertas adentro de Reconquista al 200 se percibe un clima de tensión. Queda evidenciado en el directorio. Algunos funcionarios aseguran que ese cuerpo tendrá la palabra final sobre la operación meditada en la Rosada. Otros, en cambio, sugieren a viva voz que toda la responsabilidad pasa por Redrado. Esa discusión, que en otros momentos puede limitarse a un aspecto técnico, en este caso pone de manifiesto los nervios que genera la polémica iniciativa.
A esta altura, la pregunta que se formulan fuentes de sectores políticos, judiciales y de las finanzas es qué hará finalmente la Casa Rosada. Si se dejará archivado el decreto para impedir un nuevo conflicto político. Si los Kirchner jugarán a fondo a pesar de los riesgos que corren. O si buscarán una vía alternativa, como poner a disposición del Congreso la discusión del tema. Lo que parece claro es que hubo una errada lectura política del asunto.
Otra denuncia ante la Corte Suprema
El expediente judicial que se inició en la Corte Suprema de Justicia contra el Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad sumará hoy un nuevo capítulo. El diputado nacional por la UCR, el jurista Ricardo Gil Lavedra, junto al jefe de su bancada, el cordobés Oscar Aguad, y los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales, presentará un recurso de amparo para que el máximo tribunal le ordene al Banco Central que “se abstenga” de utilizar el dinero de las reservas hasta que el Congreso emita su opinión.
La semana pasada los jueces de la Corte le dieron curso a una demanda que había interpuesto el gobierno de la provincia de San Luis que reclamaron una declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta. Alberto Rodríguez Saá había denunciado que, al tratarse de recursos federales, debe ser el Parlamento el que decida su destino. Ahora, el planteo de los radicales pretende ganar tiempo y obligar al kirchnerismo a discutir en el recinto de ambas cámaras cómo deben utilizarse las reservas.
Fuente: Critica