La titular de la empresa, Romina Mercado, aseguró que la firma “entregó a la Justicia toda la información que le fue requerida” en relación al recurso de amparo interpuesto por la diputada Margarita Stolbizer y aceptado por el juez Pablo Cayssials. Y enfatizó que la situación se enmarca en “una nueva persecución que encuentra en algunos jueces la forma de hacerla efectiva”.
“Toda la información de Hotesur SA fue entregada en los allanamientos realizados oportunamente a la Inspección General de Justicia (IGJ) y, luego, en los procedimientos que el pasado 13 de Julio ordenó el juez Claudio Bonadio que llevó a cabo con la Policía Metropolitana”, sostiene un comunicado de la empresa firmado por Mercado.
El juez Cayssials aceptó un recurso de Stolbizer para que se conozca la información contable de Hotesur que está en poder del Ministerio de Justicia.
Además, sobre una multa por no presentar sus balances que generaba interrogantes en la oposición, explicaron: “Hotesur informa que la multa dispuesta por la IGJ fue abonada en el 12 de diciembre de 2014. Sin lugar a dudas estamos ante una nueva persecución judicial, que encuentra en algunos jueces la forma de hacerla efectiva“.
En ese sentido, asegura que Bonadio, quien “realizó una persecución” contra Hotesur, y por eso fue “apartado de la causa”.
El pedido de información
Se investiga, por cierto, si en la empresa hotelera de la familia Kirchner hubo operaciones de lavado de dinero relacionadas con aportes hechos por firmas del constructor Lázaro Báezprincipal beneficiario de la obra pública patagónica desde 2003.
La investigación sobre las actividades de la empresa Hotesur genera desde hace meses un enorme revuelo porque pone en foco a la administración nacional, debido a que tiene bajo la lupa a familiares de la presidente de la Nación.
El tema vuelve ahora al centro de la escena por una nueva decisión judicial: el juez Pablo Cayssials hizo lugar a un amparo de la diputada Margarita Stolbizer y ordenó que el Ministerio de Justicia le entregue información sobre los estados contables de la sociedad.
La legisladora accionó legalmente para que se conozcan datos que la Inspección General de Justicia (IGJ) conserva sobre Hotesur, y si efectivamente la firma pagó una multa de $3.000 que le fue aplicada por no haber proporcionado -en tiempo y forma- balances ni datos de la renovación del directorio.
El magistrado aceptó el amparo y -apuntó Clarín– obligó al organismo a informar sobre “los estados contables presentados por la sociedad mencionada (Hotesur) y a facilitar copias de todas las actuaciones” que sobre la firma existan en la IGJ.