En plena campaña por la gobernación bonaerense, el titular de la ANSES, Diego Bossio, recibió una mala noticia de Comodoro Py: el juez federal, Ariel Lijo, dio impulso a la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento y asociación ilícita, entre otros delitos. El magistrado pidió las primeras medidas de pruebas dando inicio a la investigación patrimonial.
Además de Bossio, el juez, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, pidió informes a diversos organismos públicos y privados para conocer el incremento patrimonial de Katya Daura, titular de la Casa de Moneda y de su esposo, y Manuel Somoza; de Hernán Fardi, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores hasta octubre de 2014; de Guido Forcieri, representante argentino ante el Banco Mundial también hasta octubre del año pasado; de Claudio Tristán, presidente del Correo Argentino; y de Roberto Domíguez, ex empleado de ANSES.
Todos ellos, en mayor o menor grado, están vinculados al vicepresidente, Amado Boudou, quien a su vez también es investigado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, por enriquecimiento ilícito y la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica.
Según pudo saber Clarín, el fiscal Pollicita pidió en octubre del año pasado, cuando el abogado Ricardo Mussa presentó la denuncia que dio origen a la causa 8892/14, unas cincuenta medidas de prueba. La primera semana de abril, Lijo dio impulso a una batería de medidas y cursó pedidos de informes a 19 organismos e instituciones. Ahora, la Justicia espera por las respuestas de esos organismos para avanzar con la causa. Sin embargo, algunos como la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) estarían demorando más de lo normal el trámite de respuesta.
No sería el primer caso en el que el ente conducido por Ricardo Echegaray traba la entrega de datos solicitados por la Justicia. El juez federal en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, debió reclamar en varias oportunidades por via formal la entrega de información en la causa en la que se investiga el presunto lavado de dinero o evasión fiscal en los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner.
Pero Lijo no solo pidió información a la AFIP. También lo hizo al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la ANSES, a las agencias de recaudación de la Ciudad y la Provincia (ARBA y AGIP), al Colegio de Escribanos y a la Dirección Nacional de Inmigración y al Registro Nacional de Buques, entre otros organismos públicos e instituciones. El juez quiere saber cuál es, cómo se conforma y cómo creció el patrimonio de los imputados en la causa, pero también cuándo, a dónde y cuántas veces entraron y salieron del país.
Según pudo saber Clarín, la Justicia habría advertido, en una primera etapa, un crecimiento patrimonial de Bossio y Forcieri sobre todo en sus bienes inmuebles y comprobado la titularidad de Fardi en tres empresas radicadas en el estado de Florida en Estados Unidos.
De acuerdo al texto de la denuncia, Fardi dijo tener en su declaración jurada del año 2013, un patrimonio de $25 millones. Sin embargo, no declaró su participación en al menos dos empresas con sede en Estados Unidos: Exim Trade LLC y Tiguama LLC. De acuerdo a los registros oficiales del Estado de Florida, Fardi aparece como miembro de ambas compañías.
La denuncia
A raíz de la investigación por la sospechosa quiebra de la ex imprenta, Ciccone Calcográfica, el abogado Ricardo Mussa presentó en octubre del año pasado una denuncia contra personajes clave del entorno del vicepresidente, Amado Boudou, por lo que consideró una “evidente evolución patrimonial”.
Audiencia en Casación
Hoy está prevista una audiencia ante la Cámara de Casación Penal por la apelación del vice Amado Boudou a su procesamiento por cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa Ciccone.
fuente clarin