Si bien se acogió a una formalidad, la decisión de no aceptar la única oferta fue poque había dos de los cuatro oferentes de la UTE que estaban salpicados con escándalos del narcotráfico. Y ahora se conoce que una de esas dos firmas, la logística porteña House to House aparece involucrada por el propio gobierno nacional en las denuncias por contrabando y evasión entre 2013 y 2014 supuestamente orquestada por el espía Antonio “Jaime” Stiusso, a quien responsabilizan por ensuciar al gobierno con la muerte del fiscal Nisman.
Según el titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrili, en los últimos dos años se registraron 67 operaciones irregulares de comercio exterior por un total de 94.000 kilos. Hasta el momento, los funcionarios no lograron determinar qué había en esas importaciones, que llegaron de lugares tan disímiles como los Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Brasil o Corea del Sur, entre otros. Empleados de la Secretaría de Inteligencia le confirmaron a la nueva conducción que buena parte de los documentos sobre esas operaciones había sido destruida. Gracias a que la Aduana tenía guardadas copias de parte de los papeles, pudieron determinar el rubro de alguno de los objetos. Entre ellos encontraron material oftalmológico, elementos médicos y artículos de electrónica como la popular consola de videojuegos PlayStation.
“Son cosas que venían en nombre de la SI. Encontramos por ejemplo que importó equipamiento médico. Y que nosotros sepamos, no hay mucho equipamiento técnico en la Secretaría”, ejemplificó Parrilli. La denuncia por el delito de contrabando, que prevé penas de 4 a 10 años de prisión, recayó en el juzgado Penal Económico Nº3 a cargo del juez Rafael Caputo.
La ley 25.520 fija un régimen especial de importación para la compra de material técnico secreto para actividades de inteligencia. Gracias a esta prerrogativa, la SI puede comprar productos al exterior sin tributar impuestos. Por su naturaleza, los containers además no pueden ser revisados cuando llegan al país.
De acuerdo a la denuncia de Parrilli, en los últimos dos años más de la mitad de las operaciones tuvieron “un destino incierto”. Es decir, se realizaron transacciones en nombre de la Secretaría de Inteligencia para comprar material que nunca ingresó a las oficinas del Estado. Aclaró, sin embargo, que esas operaciones no fueron pagadas por la SI. Aunque se utilizaron sus instrumentos para no pagar aranceles ni que el material fuera revisado, la importación de los productos fue pagado por empresas privadas. La intención ahora es intimar a esas compañías para obtener más información acerca del material ingresado al país.
El secretario de Inteligencia informó además que, la semana pasada, cuando Stiuso dejó el país, lo hizo en una camioneta Cherokee negra que figura a nombre de la empresa House to House S.A. Esa compañía es una de las involucradas en las maniobras para la importación de material todavía no identificado.
La denuncia alcanza también a Alejandro Osvaldo Patricio y Nicolás Gastón Mercado. Además se procederá a identificar a los funcionarios de la Aduana que pudieron tener algún tipo de responsabilidad en el contrabando denunciado.