Greppi decidió cerrar la firma Propyme Bursátil sólo horas después de que La Nacion expuso los puntos de contacto que esa compañía tendría con una red de financieras y cuevas de la City porteña que se encuentra bajo la lupa de la Justicia.
“Con mi socio [por Emilio Mauro Gutiérrez] queríamos comprar una sociedad de bolsa en Mendoza, para luego hacer unas cauciones en distintos negocios financieros, pero nunca llegamos a operar con ella”, comentó Greppi a La Nacion.
La sociedad Propyme Bursátil se constituyó a mediados de 2008 y un año después se inscribió ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que ordenó la cancelación de su clave única de identificación tributaria (CUIT) a principios de este mes.
Radicada en Mendoza, Propyme Bursátil compartió su domicilio en la capital provincial con varias sociedades bursátiles de otros dos financistas porteños, Juan José Stemkauskas y Enrique Drzewko, investigados por la Justicia como parte del entramado del “caso Skanska”.
Greppi sostiene que el domicilio fiscal de la sociedad bursátil se fijó allí porque “un grupo”, al que no identificó, le dio una mano con los papeles. “Quizá haya sido el mismo que colaboró con las [firmas] de Drzewko, pero yo le garantizo que la nuestra jamás operó. Nada, nada”, insistió.
A fines de 2013, Drzewko afrontó un polémico allanamiento policial en el que, según sostuvo, los agentes le pidieron sobornos, motivo por el que el juez federal Luis Rodríguez podría citarlo a declarar.
Pero Greppi aclaró que, pese a todas esas coincidencias, sólo dialogó una vez con Drzewko. “Lo vi una vez en mi vida y porque lo allanaron el mismo día que a mí, en diciembre. Él quería armar quilombo para recuperar los dos millones que le afanaron. Pobre tipo”, comentó.
Molesto por haber perdido el bajo perfil, Greppi considera que “la prudencia y la discreción son vitales” en el mercado en el que se mueve. Pero esa posibilidad quedó atrás cuando decidió levantar el teléfono y llamar a Carlos Liuzzi, el número dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, para informarle que los policías le pedían un soborno para parar el allanamiento.
Según reconoció por escrito el propio Oyarbide ante sus superiores de la Cámara Federal, recibió una llamada de la Casa Rosada y ordenó detener el procedimiento en el acto. A partir de allí, el magistrado afronta pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura y una causa penal, mientras Liuzzi también quedó imputado.
“Al final, le armé un quilombo a mi amigo Liuzzi, cuando sólo lo llamé para contarle lo que estaba ocurriendo”, se lamentó Greppi ante La Nacion. “Sin mi amigo, el día ese del allanamiento nos hubieran hecho quebrar”, concluyó.
fuente lanacion