Ahora se tratará de determinar si la conducta del juez es delictiva y si puede considerarse una violación de sus deberes de funcionario, un tráfico de influencias o encubrimiento.
Mientras esta investigación se desarrolla en Tribunales, hoy el caso Oyarbide será tratado por el Consejo de la Magistratura. Allí podrían notificar al juez de las denuncias en su contra y darle tiempo para que, si quiere, las responda.
No obstante, el senador y consejero radical Mario Cimadevilla, adelantó a LA NACION que pedirá que se abrevien los plazos y se cite al magistrado directamente como acusado de mal desempeño. “Hay elementos suficientes para citarlo a declarar por su mal desempeño, que está confeso”, afirmó Cimadevilla.
Por lo pronto, en la causa penal, el fiscal Ramiro González pidió que juez Luis Rodríguez investigue tanto al grupo de policías acusados de pedir coimas durante el operativo como al juez Oyarbide, que frenó el procedimiento. El magistrado argumentó que tomó la decisión porque el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, le informó que una comisión policial estaba extorsionando al dueño de la financiera Guillermo Greppi, pidiéndole US$ 300.000 para dar por concluido el allanamiento.
Liuzzi también está alcanzado en esta ampliación de la causa iniciada por la denuncia de los diputados nacionales Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri (UCR). Allí se analizará si cuando el funcionario habló con Oyarbide actuó denunciando un delito que llegó a su conocimiento -porque Greppi le avisó- o si buscó frenar el procedimiento para no perjudicar a su amigo.
Mientras tanto, en la causa en la que se investiga el pago de sobornos, otro de los policías investigados ratificó en una declaración espontánea -por escrito y sin juramento de decir la verdad- lo que habían dicho sus jefes: que Greppi mencionó que estaba hablando con Carlos Zannini, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia. La declaración fue brindada por Juan Ignacio Saizar, quien intervino en el allanamiento de Propyme. El policía narró que cuando llegó Greppi a las oficinas se puso a gritar “desaforadamente” e, insultando de manera impersonal, exclamó: “Siempre que me necesitan, yo los ayudo. Me mandaste a allanar por Oyarbide. Sacame a la policía de acá”, afirmó el policía.
Saizar, a quien patrocina la abogada Valeria Corbacho, dijo que Greppi les advirtió que los iba a hacer echar y poner de “patitas en la calle”. Cuando el procedimiento ya había quedado paralizado por orden de Oyarbide, el empresario los despidió en la puerta de la financiera y, mientras los saludaba, les dijo como sobrándolos: “¿Vieron?… Yo les dije que esto lo paraba”, declaró el agente.
Recordó que cuando bajaban desde el piso 20, el sargento primero César Ceballos le preguntó quién era Zannini, a lo que le respondió que era el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia. “Nuestro culo no va a valer nada”, dijo Saizar que le comentó Ceballos.
En el juzgado de Rodríguez, el caso avanza con la toma de declaraciones a los empleados de la financiera. El empresario presentó un pedido para que lo consideren querellante en la causa, lo que le permitiría pedir medidas de prueba contra los policías. Para reforzar su frente legal Greppi incorporó al abogado Carlos Broitman para que lo patrocine.
DI LELLO: “BOUDOU DEBE EXPLICAR”
El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que el vicepresidente Amado Boudou debe declarar “ya” como acusado en la causa que investiga el rescate de la ex Ciccone, al sostener que “si cometió un delito, no puede estar al frente de una nación”. Para el fiscal, Boudou debe explicar “si intervino, y si intervino tiene que aclarar su posición”, y, en declaraciones a Radio América, afirmó que “si el vicepresidente cometió un delito, no puede estar al frente de una nación; si no lo cometió, tiene que tener plenitud para hacer útil su gestión”.
fuente lanacion