El país quedó en el puesto 92, con un promedio de 0,26 sobre uno, principalmente por la impunidad en los casos de corrupción en los que están envueltos los políticos de esta administración y anteriores.
Dinamarca está al tope de la lista y Venezuela, en el último lugar del Índice del Estado de Derecho 2012-2013 realizado por la ONG The World Justice Project. La mayoría de los 16 países de América latina analizados están por debajo del promedio general, a excepción de Uruguay y Chile.
“América latina presenta una imagen de fuertes contrastes. Pese a los recientes movimientos hacia la apertura y libertades políticas que han posicionado a muchos países a la vanguardia de la protección de los derechos y libertades civiles básicos, las instituciones públicas de la región siguen siendo frágiles”, dice el informe en el fragmento dedicado a la región.
Específicamente, señala que la Argentina “enfrenta desafíos en muchas dimensiones del Estado de Derecho”. “La rendición de cuentas del gobierno es débil, en parte por la pobre actuación de las agencias de gobierno en la investigación de acusaciones por mala conducta, así como por la interferencia política en las agencias que controlan el cumplimiento de la ley y en el poder judicial”, indica el informe de la ONG.
“Las agencias reguladoras son percibidas como inefectivas y los derechos a la propiedad son débiles. Otra área de preocupación es la alta tasa del crimen”, continúa el informe. ´
Sin embargo, la ONG destaca algunas áreas del Estado del Derecho argentino. “La Argentina rinde bien en la protección de derechos fundamentales, incluida la libertad de religión y la libertad de asamblea y asociación. El sistema de tribunales, aunque lento y no del todo independiente, es relativamente accesible”, señala.
La Argentina se sacó un 0,26 en un criterio que va de 1 (a los países donde todo político que comete un delito es condenado) a 0 (en aquellos que no establecen castigos para la mala praxis gubernamental).
Para llegar a esta “nota”, la ONG analiza ocho áreas: poderes de gobierno limitado (0,46 para la Argentina), ausencia de corrupción (0,47), orden y seguridad (0,60), derechos fundamentales (0,63), gobierno abierto (0,48), cumplimiento del marco regulatorio (o,43), justicia civil (0,54) y justicia criminal (0,43).
The World Justice Project se basa en el estudio de las estadísticas oficiales de los 97 países del mundo seleccionados para el informe, un cuestionario realizado a unos 300 especialistas de distintas disciplinas por cada país y una encuesta a la población en general. La ONG estableció un ranking según la cantidad de funcionarios públicos sancionados por incurrir en irregularidades o en acciones incompatibles con sus cargos.
“Una cultura de la impunidad debilita el respeto por los derechos fundamentales, alienta la corrupción y lleva a un círculo vicioso de violación de las leyes, en tantoneutraliza el efecto disuasivo del castigo. La impunidad también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones públicas, y da la señal de que la ley no importa”, dice.
fuente lanacion