El Gobierno rechazó en Tribunales los argumentos de un acreedor de la ex empresa Ciccone que logró que el juez en lo Comercial Javier Cosentino volviera a decretar la semana pasada la quiebra de la firma, ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), según dijeron fuentes judiciales.
El argumento de los abogados del Ministerio de Economía y Casa de Moneda fue que no se encuentra firme la decisión del juez del mes pasado de declarar parcialmente inconstitucional la ley a través de la cual se expropió el año pasado a la firma encargada de imprimir billetes. Es porque el Gobierno recurrió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Es decir que todavía no está firme la estatización dispuesta.
Llamativamente, el ex presidente de CVS, el abogado Alejandro Paul Vandenbroele, no contestó los argumentos del acreedor, la firma de informática Tecnología del Sur, que reclama el pago de 2,6 millones de pesos que le adeuda la ex Ciccone. Cosentino también dispuso que Vandenbroele pida permiso a la Justicia cada vez que quiera salir del país.
Lo curioso es que el abogado a quien el vicepresidente Amado Boudou niega conocer pese a las pruebas reunidas por la Justicia penal, deberá presentarse próximamente ante un juez uruguayo para ser indagado como presunto autor del delito de lavado de dinero. Es porque la sociedad Dusbel, de ese país, inyectó fondos a la firma The Old Fund, que había salvado a Ciccone de la quiebra en 2010.
“No se ha cancelado la deuda ni se ha propuesto alguna forma que no sea la espera a lo que se decida en definitiva sobre la apelación a lo resuelto por el juzgado en el incidente transitorio”, dijo el juez Cosentino en su fallo y en referencia al otro expediente en el que se dictó la inconstitucionalidad de la ley de expropiación.
“Lo más apropiado -además de ajustado a derecho- es proceder con la quiebra”, añadió el magistrado en una resolución firmada el martes 5 de noviembre. Cosentino fijó un plazo de tres meses para que los nuevos acreedores de la ex Ciccone no presentados anteriormente en sede judicial formulen sus reclamos. Cosentino también dispuso la inhibición general de bienes de CVS y notificó de la medida a diversos registros de propiedad. La inhibición “deberá permanecer inscripta hasta que medie disposición en contrario de este juzgado”, según se afirma en la resolución. Es decir, que los organismos que dependen del Ministerio de Justicia no podrán alegar la ley de expropiación para oponerse a la medida ordenada por el juez.
Cosentino había rechazado el acuerdo al que habían arribado el Estado y la nueva CVS expropiada y a través del cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) renunciaba a cobrar lo que le debía Ciccone (más de 270 millones de pesos) en compensación por la expropiación dispuesta por la mayoría K del Congreso. La AFIP había sido justamente el acreedor que había pedido la quiebra de la empresa en 2010 pero que después de la aparición de The Old Fund llamativamente se avino a otorgarle un plan de pagos que antes había rechazado.
El juez federal Ariel Lijo investiga si el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, incurrió en el delito de tráfico de influencias a través de Vandenbroele.
fuente clarin