Pese a haberse declarado “incompetente”, el juez federal Julián Ercolini quedó al frente de una investigación contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, por presuntas irregularidades en obras de la ruta nacional número 23, en la provincia de Río Negro.
La Corte Suprema dirimió una cuestión de competencia entre juzgado federal número diez y el juzgado de instrucción número cuatro de Viedma, a raíz de una vieja denuncia por presunta “defraudación en la ejecución de obras viales en un tramo de la ruta nacional número 23”.
Fuentes judiciales revelaron que se trata de un tramo de unos 70 kilómetros de pavimentación de la carretera, obra ejecutada por una empresa provincial rionegrina pero solventada con fondos nacionales.
Ercolini había declinado la competencia aduciendo que “cuando la defraudación denunciada recae sobre fondos que una provincia ha incorporado ya a su patrimonio, el hecho de que esos fondos hayan provenido inicialmente del Estado Nacional no da fundamento suficiente para la atribución de competencia sobre el asunto a la justicia federal”.
Pero la justicia provincial advirtió que “la defradación denunciada habría tenido lugar en el marco de la ejecución de obras sobre una ruta nacional, ejecutada por una sociedad estatal rionegrina”, Vial Rionegrina Sociedad del Estado(VIARSE), “pero con fondos nacionales y bajo el control de Vialidad Nacional”.
El 24 de agosto de 2012, el ex procurador general adjunto Luis González Warcalde coincidió con la justicia rionegrina: “VIARSE se obliga a realizar las obras en las condiciones impuestas por la autoridad nacional y bajo la supervisión estricta de ésta, y Vialidad Nacional es la obligada a abonar los costos de la obra contra la entrega de los correspondientes certificados”.
En su último acuerdo, la Corte, con las firmas de todos sus ministros, decidió que la investigación quedará a cargo del juez federal de la Capital Federal, informó la agencia DyN.
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