Ya se había vuelto demasiado. Desde 2009, varias causas protagonizadas por camiones de la firma boliviana Creta SRL habían comenzado a acumularse en la Justicia salteña. La cocaína era el punto central; envíos de 50, 21, hasta 180 kilos, en forma sólida o líquida, junto a grandes cantidades de precursores químicos como tolueno, con destinos declarados como Rosario en sus hojas de ruta. Fuentes judiciales que conocen los expedientes calculan más de 500 kilos en total. En un comienzo, los choferes se volvían un blanco fácil para la imputación y el procesamiento; era algo obvio. Pero cuando la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), hoy a cargo del fiscal Diego Iglesias, comenzó a cruzar expedientes, la atención recayó sobre José Luis Sejas Rosales, dueño de Creta SRL.
Durante las últimas semanas, Infobae reveló la trama judicial que persigue a Sejas Rosales. Oriundo de Santa Cruz de la Sierra, sus colegas se sorprenden de cómo en algo más de una década y media Sejas Rosales pasó de ser un simple camionero a tener una flota de más de 90 vehículos cisterna según él, con aceitados contactos con marcas de peso como Volvo y Mack, y un envidiable contrato con YPFB, la petrolera estatal boliviana. Hoy, esa trama judicial en su contra llegó a un punto crítico. En Orán, Salta, el juez federal Raúl Reynoso ordenó la captura internacional de Sejas Rosales en una de las múltiples causas en su contra, originada en marzo pasado, según informó el Ministerio Público Fiscal, en donde uno de sus camiones fue interceptado por Gendarmería en Tartagal con más de 20 kilos de cocaína. No es el único hecho reciente: 180 kilos aparecieron en un vehículo de Creta SRL en la zona de Salvador Mazza.
Sejas terminó preso dos meses atrás en una dependencia argentina, pero no por ese cargamento, sino por otro envío. Esa vez se detectó una importante cantidad de cocaína en estado líquido junto a una 35 mil litros de tolueno -un precursor para la fabricación de la cocaína-, declarados falsamente como alcohol etílico. La causa instruida por el fiscal José Luis Bruno y también bajo el juez Reynoso fue un expediente problemático: Reynoso declaró a Sejas sólo como partícipe secundario, lo que llevó a una pronta excarcelación. El empresario hasta tuvo como abogado defensor a uno de los jueces subrogantes disponibles. Todo esto motivó una visita relámpago del anterior jefe de la PROCUNAR, Alfredo Villatte, que apoyó al fiscal Bruno. Se pidió la recusación de Reynoso y luego la prisión preventiva para Sejas, a quien le fue impuesto presentarse en sesenta días en una escuadrón de Gendarmería de Orán. No lo hizo. La causa, eventualmente, llegó a la Cámara Federal salteña, que convalidó el apartamiento de Reynoso.
Hoy, la PROCUNAR con Diego Iglesias motiva el nuevo pedido de captura. Todavía no se pidió colaboración al gobierno boliviano y se sospecha que el oficio librado a Interpol pueda ser rechazado por vicios formales, lo que demoraría los trámites. Iglesias mantiene la sospecha de que Sejas Rosales sería el jefe de una asociación ilícita. No está sólo: tres de los hijos del empresario se encuentran individualizados en los expedientes y bajo sospecha. También se avanza hacia la concentración de todas las causas dispersas en un sólo expediente, que estaría a cargo del juez federal Julio Bavio, que ya había pedido la captura de Sejas, aseveran fuentes judiciales salteñas.
La PROCUNAR planea, por otra parte, nuevas medidas para lograr procesamientos y ampliaciones de declaraciones y eventualmente llegar a una imputación general por este cúmulo de causas, en donde la figura imperante es el contrabando de estupefacientes, es decir, droga que cruza la frontera. Pero lo cierto es que la eventual detención y extradición de Sejas Rosales, que puede ordenarse por vía policial a través de Interpol o por orden del juez Bavio a los juzgados correspondientes en Santa Cruz de la Sierra, puede demorar mucho tiempo. Una voz de peso en Salta asevera: “Trabajar con Bolivia es lento y complejo. Es un problema histórico. Se hace vía Cancillería, pero no se pasa información”.
El caso de Sejas Rosales explotó en Bolivia, por otra parte. Sus colegas transportistas comenzaron a mirarlo con recelo y su contrato con la YPFB se volvió un ítem de disputa, no sólo en la baja frecuencia del negocio camionero de Santa Cruz de la Sierra, sino en el Congreso boliviano mismo, aunque en las causas argentinas ningún camión de la petrolera fue individualizado. A comienzos de este mes, diversos medios en La Paz informaron las acusaciones formuladas por el diputado opositor Tomás Monasterio, que de cara a las causas de Sejas Rosales denunció que “una cúpula de YPFB está haciendo uso malsano de los recursos para traficar cocaína”. Ante el escándalo, la petrolera estatal respondió que tiene más de 40 empresas contratadas para transportar combustible, que lo que haga cada una no le compete y que querellará penalmente al diputado Monasterio por dañar la imagen de la compañía.
¿Quién era el receptor final de la cocaína en los camiones de Creta SRL? La Justicia argentina aún no lo sabe: ningún chofer se quebró en las diversas indagatorias. Pero, en la lista de sospechas judiciales, el dueño de la droga podría ser Sejas Rosales mismo. Una fuente asevera: “No se descarta. En Bolivia, un kilo sale mil dólares. En Buenos Aires, puede venderse de cinco mil a diez mil. En Madrid o Roma, treinta mil”.
fuente infobae