El gobierno nacional tiene una política sistemática de falseamiento, ocultamiento o no producción de datos en una variada cantidad de áreas de la administración. El informe de la Auditoría subsana parcialmente esta enorme dificultad porque provee información primaria sobre temas que no conocíamos hasta ahora.
El diagnóstico que presenta el informe es crudo: la Argentina tiene serias falencias en las agencias que controlan el ingreso y egreso de personas y mercaderías. Estas falencias pueden dividirse en tres dimensiones: información, infraestructura y coordinación. Para discutir la temática del control de fronteras es preciso partir del supuesto de que no existen controles infalibles. Aun los países más avanzados tienen altos niveles de porosidad en sus fronteras. Sin embargo, al carecer de mecanismos básicos de control, los márgenes de error en la Argentina crecen significativamente. El narcotráfico se asienta donde puede, no donde quiere.
Migraciones y la Aduana deben realizar controles preventivos para tomar decisiones acertadas de ingreso y egreso de personas y mercaderías. En el ámbito de aduanas, contar con mecanismos de control y la adecuada información permite realizar tareas preventivas que actúen sobre la reducción de la oferta de estupefacientes en lugar de concentrarse en criminalizar la demanda. Para el ingreso de personas ocurre lo mismo. Sólo 42 de los 224 pasos fronterizos cuentan con un sistema informático. En los restantes, el asiento de ingresos y egresos es realizado a mano y en papel.
Esto impide el control preventivo de personas con antecedentes penales en otros países y permitió el ingreso al país de personas con extensos antecedentes delictivos. Informatizar todos los pasos fronterizos demanda el dinero equivalente a algunos segundos de recaudación impositiva. Sin posibilidad de cruzar bases de datos de antecedentes criminales con otras fuentes es virtualmente imposible realizar prevención.
La segunda dimensión es la de infraestructura. La Dirección General de Aduanas (DGA), depende de la AFIP, al igual que la Dirección General Impositiva (DGI). Sin embargo, mientras que la DGI no tiene grande problemas de infraestructura operativa, la DGA tiene sorpresivas fallas en su equipamiento y personal a pesar de recaudar el 14% de los ingresos del Estado argentino.
La tercera dimensión es la de coordinación. Las bases de datos de organismos no operan dentro de un sistema integrado. A consecuencia de ello las conclusiones acerca de tareas preventivas son siempre parciales, sin visión integral. No hay ningún énfasis en el control de fronteras vitales para el país en esta materia, como la frontera norte y el tránsito por la Hidrovía Paraná-Paraguay. El informe también demuestra que nuestro país se encuentra centralmente abocado a problemas de diseño legal y descuida sistemáticamente como se implementan las políticas. Resta develar en qué proporciones estas falencias obedecen a incompetencia y complicidad.
Alberto Föhrig, Profesor de Ciencia Política, Universidad de San Andrés
fuente clarin