En el expediente sobre narcotráfico que más duro pega al Gobierno, uno de los funcionarios procesados por la jueza María Servini de Cubría como supuestos cómplices de tráfico ilegal de efedrina apuntó al senador Aníbal Fernández.
En la causa, se comprobó que la Sedronar –el organismo anti-drogas– autorizó el ingreso de más de 40 mil kilos de efedrina entre 2004 y 2008 que terminaron en manos de narcos, según la investigación del secretario Franco Garozzo. Para Servini, existió una “clara e indispensable participación de los funcionarios públicos en la maniobra de narcotráfico”.
La magistrada procesó a José Granero –ex titular de la Sedronar y director de la empresa estatal Enarsa hasta el miércoles–; a Gabriel Abboud –ex subsecretario de ese organismo– y a Julio De Orué –ex director del Registro de Precursores Químicos–. Los acusó de “desidia total por el control”. Aníbal F y Granero protagonizaron durante años una feroz pelea por las políticas sobre narcotráfico que jamás terminó de aclararse. La efedrina profundizó la puja y ambos terminaron en la mira por sus supuestos “nexos” con distintos dueños del negocio. Granero dijo al portal Tribuna de Periodistas: “Me hicieron una cama”. Pero no ahondó en explicaciones.
En su indagatoria, Granero señaló que las fuerzas federales –entonces al mando de Fernández– se negaban a informar a la Sedronar sobre los operativos de drogas. Su segundo, Abboud, afirmó que esa falta de información fue “el factor determinante” en la ausencia de voluntad política para frenar las importaciones de efedrina. “La responsabilidad directa en retrasar la solución a ese problema se la imputó al entonces ministro Aníbal Fernández”, dice el fallo de Servini.
Según Abboud, “el ex ministro habría impedido que los miembros de las fuerzas de seguridad participaran de las reuniones de coordinación, intercambio de información, en las capacitaciones y la comisión interministerial”. Dijo que “dejaron de llegar a la Sedronar los datos de secuestros de estupefacientes, precursores químicos –como la efedrina– y detenidos”. Agregó que “fue el entorpecimiento del entonces ministro del Interior el que impidió que ‘se hubiera podido detener muy posiblemente el problema del desvío (de efedrina)”. La jueza entendió que esas explicaciones no eximían de responsabilidad penal a los funcionarios.
Los proveedores de efedrina pueden dividirse en al menos dos bandas: el supuesto grupo de “Abraham-Fuks-López” y el sector presuntamente liderado por Esteban Pérez Corradi, con pedido de captura internacional. El primero compromete a Granero, como determinó Servini. El segundo, puso en la mira a Aníbal F. Por el triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, fue condenado Martín Lanatta, gestor que conseguía permisos únicos en el país de un organismo controlado por Fernández: el Registro Nacional de Armas (Renar). Lanatta trabajaba con Pérez Corradi.
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