Una heladera trae el recuerdo de estafas y cheques sin fondo
Seguimos tratando de que Brukman electrodomésticos nos sustituya la heladera defectuosa que nos enviaron a fines de 2013.
Además de los serios defectos que tiene esta heladera Smeg, hace unos días casi se incendia y tuvimos que apagarla,
asi que estoy sin nada frío para beber y sin alimentos frescos. Los llamás mil veces y no te devuelven los llamados; y ya me anticiparon que por orden un Sr. Brukman no me devolveran el dinero.
Mis amigos me dicen que vaya a defensa al consumidor y los denuncie, pero eso no me soluciona el problema que tengo ahora. Tendré que dedicar tiempo en hacer trámites y reclamos, para que ?
Ellos tienen abogados expertos en solucionar estas cosas y yo no quiero que me regalen una cafetera como compensación. Es una cuestión moral y de principios.
Otro tema es la calidad de un producto como las heladeras Smeg fabricadas en Argentina por una empresa “Percomin” con licencia oficial de Smeg internacional. La heladera tiene tantas fallas y detalles de terminación que cuando te la bajan del camión
y la ves se te hace un nudo en la garganta y cuando pensás lo que pagaste, te sentís un pelotudo.
Viendo las redes, veo cuan desamparados estamos los consumidores. Siempre estas en una posición de sometimiento, sos vos el que tiene que pagar primero, sos vos el que tiene que esperar y sos vos el que debe ocuparse del tema. Pero también he visto
que las redes sociales son el medio mas efectivo para hacer valer tus derechos ya que las empresas que maltratan clientes y dan un mal servicio se preocupan mucho por su reputación en internet y al verse expuestos se preocupan en acallar esas voces disconformes.
Yo no tengo abogados, ni tiempo para ocuparme en llevar un pleito contra Brukman electrodomésticos, soy un laburante, me endeudé y comprometí parte de mis ingresos de todo este año para pagar esta heladera que necesito.
Soy solo un consumidor como vos, sin nada detrás, pero desde mi estado de vulnerabilidad quiero hacer algo para poner mi granito de arena en contra de las injusticias y abusos de los comerciantes que se burlan de las personas. En mi caso me atrevo a decir
que fui víctima de un engaño premeditado ya que ellos sabían con anterioridad de la mala calidad del producto que me vendieron y no me lo advirtieron; a pesar de haber ido a comprarla con mis hijos chicos y mi mujer con un avanzado embarazo, no les importó
las consecuencias que esa heladera de pésima calidad podría desencadenar en mi casa y vida diaria.
Quiero pedirte que me ayudes a difundir esta carta y así poner en aviso a otros incautos como yo; y para ver si de una vez por todas este establecimiento, al verse expuesto, se digna a resolverme los trastornos que me han provocado con sus productos,
evasivas y postergaciones.
Mariano Vico
LA HISTORIA…
Brukman: Una de piratas
Investigación especial de Laura Vales y Sebastián Hacher
Jacobo Brukman, un empresario “modelo” que ocultaba sus bienes, emitía cheques sin fondo y no pagaba aportes – Julio Marcelo Lucini, un juez al que le gustan los souvenirs policiales.
Cuando en marzo del año pasado el juez Enrique Velázquez allanó Brukman se topó con una situación inesperada.
La empresa había denunciado por robo a las trabajadoras acusándolas de estar «saqueando» la fábrica, pero los funcionarios que controlaron el edificio piso por piso encontraron que había más máquinas que las que esperaban hallar. Así se descubrió que los Brukman habían estado ocultando su verdadero patrimonio, en una maniobra destinada a engañar a los acreedores: a las obreras (a quienes les debían los sueldos), al Estado (al que no pagaban impuestos y debían créditos) y a los proveedores (a quienes adeudaban el pago de insumos).
El listado de las máquinas «no declaradas » quedó en el expediente comercial: son en total 22 items. Su inventario mostró que, al contrario de lo que decía el abogado Jaime Muszkat, las trabajadoras mantenían las máquinas dentro de la fábrica, todas funcionando y cuidadas: las necesitaban para trabajar.
Muszkat es el apoderado legal de los Brukman y a la vez quien «aconseja» al grupo de empleados que se opuso a la ocupación, según él mismo ha reconocido en distintos reportajes.
En la misma época en que él denunciaba a las trabajadoras, estos ex empleados mandaron una carta al juzgado con una historia delirante: decían también que en la fábrica había habido un «saqueo » y que «Lía Méndez, del Partido Humanista», era una de las cómplices.
La carta resultó tan ridícula que tuvieron que desdecirse y pedir disculpas, aunque de todas maneras sirvió para introducir una tercera mentira, que todavía sigue dando vueltas: la que señala que hay «80 trabajadores que avalan a los dueños».
Los supuestos 80 trabajadores son los que, según asegura la empresa, firmaron la nota. Pero quien revise la lista que entregaron en el juzgado verá que en realidad aparecen las firmas de apenas 22. Para abultar la cantidad incluyeron en el papel a personas que no habían dado su consentimiento y agregaron a otros que habían renunciado antes del conflicto. Por lo menos cinco de los nombre de la nómina son de gente que ya no tenía nada que ver con Brukman y entre los apoyos truchos anotaron incluso a quienes estaban ocupando la planta y haciéndola producir.
Ese es el caso de Marcela Guzmán, una de las trabajadoras que la policía sacó por la fuerza durante el último desalojo.
Costumbres argentinas
Los Brukman manejaban tres empresas: Brukman Construcciones, Brukman Hermanos (de electrodomésticos) y Brukman Confecciones. Las tres fueron cerradas o declaradas en quiebra. Cuando esto ocurrió con la textil, a Brukman le cambiaron el nombre por el de Cebex Argentina. Desde entonces la planta tuvo 18 pedidos de quiebra. No es cierto que sus problemas económicos hayan empezado con el corralito. Según los informes que reunió el equipo de abogados de las trabajadoras, la empresa:
* A partir del año ’99 emitió 218 cheques sin fondos por un total de 750 mil pesos.
* Desde ese mismo año tuvo reclamos por no pagar la obra social.
* La Aseguradora de Riesgos de Trabajo le rescindió el contrato por falta de pago en septiembre del 2001.
* La AFIP-DGI le reclamó más de 400 mil pesos por no pagar impuestos.
* Acumuló una deuda de $ 3 millones 800 mil.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se presentó al concurso de acreedores para poder cobrar lo que Brukman le debe. De esta manera le está regalando a los empresarios, según el cálculo del equipo, una cifra que los abogados estiman en más de un millón de pesos.
Los jueces
Jorge Luis Rimondi fue el juez que ordenó el desalojo de Brukman, siguiendo siguiendo una resolución de los camaristas Bonorino Peró y Piombo, ambos herencia de la dictadura. El magistrado tomó esta decisión sin notificar a los abogados de las trabajadoras, con lo que violó el derecho a su defensa, y cometió otras irregularidades que motivaron un pedido de juicio político en su contra. El desalojo dictado por Peró y Piombo se trataba de una «medida cautelar», una decisión provisoria (como su nombre lo indica) hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que en este caso se trataba de decidir si las obreras cometieron usurpación o no al ocupar la fábrica. Sin embargo el juez Rimondi aprovechó para convertir lo que era pasajero en definitorio; mientras la causa flotaba en la indefinición ordenó la realización de un inventario y permitió el ingreso a la fábrica de los ex-directivos de la empresa que protegidos por la policía Federal retiraron elementos del interior del edificio. Los operativos, que se realizaron el mismo 18 de abril, el 26 de mayo y el 9 de junio, no contaron con la presencia de ningún representante de las trabajadoras, evitando de esa forma que pudieran saber qué se llevaron ni evitarlo. El tema es grave no solo por la arbitrariedad del juez. De prosperar el proyecto de expropiación que trata la Legislatura porteña, la fábrica podría ser devuelta a las trabajadoras en un estado deplorable. Así es como parece haberla dejado el accionar combinado de la policía y la patronal.
El último inventario
Un mes después del desalojo, el 26 de mayo, se comenzó un nuevo inventario solamente con representantes de la patronal. En la realización de este inventario a espaldas de las obreras fue clave la participación de la policía. En un telefax dirigido al Juez Rimondi el 24 de Mayo, el comisario a cargo de la 8va. dice «haber acordado telefónicamente» con el abogado Muszkat hacerlo el 26 de mayo, suponiendo que la veda electoral evitaría «alguna manifestación contraria a la medida ordenada». Ese día Muszkat y el comisario entraron a la madrugada y salieron con bolsas negras delante de decenas de testigos, a pesar de que en todas las actas manifiestan «no retirar máquinas, documentación, papeles, prendas o elemento alguno ».
¿Recuerdan que el primer inventario, en el que participaron las trabajadoras, la justicia encontró 22 máquinas y que todas funcionaban?
Pues en esta última inspección aseguraron que todas las máquinas están rotas, «con faltantes o no funcionando». El inventario adjuntó una gran producción fotográfica, que muestra este nuevo estado de la fábrica: botellas de cerveza sobre una máquina de coser, banderas partidarias desplegadas en el piso, periódicos de los que se lee toda la tapa, etc.
En planos cortos, con objetos que parecen estar posando para la cámara, la muestra fotográfica es burda para cualquier persona con un mínimo conocimiento de fotografía. En manos de la policía, la fábrica parece lucir -por lo menos en las fotos- como un escenario de la serie Okupa, sin la calidad artística del éxito de la televisión.
Sintonía
Sin embargo, sería el 9 de junio cuando la sintonía entre la patronal, la policía y la justicia se mostraría aún más abiertamente.
Ese día, las abogadas de las trabajadoras presentaron el pedido de nulidad de todo lo actuado. Al mismo tiempo, la policía ingresó media docena de personas a la fábrica escondidas en un patrullero. Y, sorpresas de la vida,
el juez Rimondi se retiró de la causa, dejándola en manos de otra joven promesa, el Dr. Julio Marcelo Lucini. Rimondi tenía la causa de Brukman porque era «subrogante», termino que designa a un juez que toma el lugar de un juzgado vacante.
Cuando se produce un cambio de subrogante, se hace por sorteo. Y como la diosa fortuna siempre está del lado del poderoso, el sorteo benefició a Lucini, compañero de conferencias sobre seguridad con su antecesor Rimondi y oficiales de la policia. Lucini, conocido por su intervención en la causa del «crimen del country», es también el juez que dictó la falta de mérito para el comisario Rubén Santos en la investigación por irregularidades en los servicios adicionales para los partidos de fútbol. Y quien dictó la falta de mérito a favor de la policía por la balacera que recibieron dos fotógrafos de Indymedia el 26 de octubre. Que el nuevo juez adorne su despacho con regalos firmados por diferentes comisarias es solo un detalle estético. Lo que no es un detalle es que a pocas horas de asumir, mientras decía a las defensoras de las obreras que no conocía el expediente ni sabía que estaba pasando en la fábrica, en Brukman la policía hacía ingresar gente escondida en un patrullero. Y respondía a la protesta de quienes se reunieron en la calle con una nueva represión.