La Unión Internacional de Magistrados y la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLM) manifestaron en sendos comunicados su profunda preocupación por la decisión del Gobierno de anular los traslados de los camaristas federales
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del miembro del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) German Castelli.
En una nota, firmada por su presidente Walter Banar, la FLM expresó que “está en conocimiento y que respalda el comunicado emitido por el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en el cual nuestra asociación miembro manifiesta su profunda preocupación, derivada de la inédita situación generada como consecuencia del rechazo de pliegos de jueces federales por parte del honorable Senado de la Nación, el pasado 16 de septiembre”.
En el año 2018 los jueces federales de cámara, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, “obtuvieron sus traslados voluntarios a tribunales de idéntica jerarquía y fuero de los que venían desempeñándose, lo que tuvo lugar con la aprobación, dándose por reunidos los requisitos constitucionales exigidos”. No obstante “el gobierno argentino decidió que aquellos traslados debían quedar subordinados al otorgamiento de un nuevo acuerdo por parte del Senado, el que, tratado, finalmente fue denegado, imponiéndoseles retomar a sus anteriores cargos”, agregó la nota.
La FLM interpreta que “las medidas regresivas adoptadas por los poderes políticos conculcan severamente los principios de estabilidad e inamovilidad que constituyen las garantías esenciales para el ejercicio de la función judicial independiente, consagrada por el art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Y recuerda que “el traslado inconsulto de jueces/as constituye una clara violación a la independencia judicial”. La Declaración de Campeche señala que: “Para afianzar la independencia e imparcialidad, se puntualizan como garantías e incompatibilidades, que: (…) Los jueces: (…) son inamovibles no pudiendo ser trasladados o ascendidos (salvo que lo postulen voluntariamente) o removidos, suspendidos, licenciados, desposeídos, separados o de cualquier otra forma apartados del ejercicio de la función en el lugar asiento de su designación, salvo los casos taxativamente prescriptos en la ley, mediante proceso de enjuiciamiento de su conducta, en proceso contradictorio y con amplias garantías de defensa”.
Clarín