Juan Carlos Martin, del Banco Atlas, señaló que, a su entender, la normativa puede afectar a la concesión de préstamos. Entre las citas más controversiales de la normativa,
“Todo lo que atenta contra la transparencia incentiva un mayor precio y este tipo de medidas lo que hace es que terminan los buenos pagando por los malos. En vez de premiar a la persona que tuvo un comportamiento correcto o buscó siempre tener un comportamiento correcto, lo que hacemos es motivar a que la gente no tenga el comportamiento esperado”, indicó.
Asimismo, en una entrevista concedida a Última Hora, aseguró que las entidades financieras, más allá de algún incumplimiento de pago específico, se fijan en que esa conducta sea o no reiterativa.
“Los antecedentes de impago son analizados nuevamente, si eso es un hecho fortuito, único o se repite permanentemente. Si un cliente explica que tuvo un problema, eso siempre se tiene en cuenta, en la balanza”, manifestó. La misma lógica se aplica para seleccionar a las personas en un empleo, agregó.
POPULISMO. Por su parte, Beltrán Macchi, de Visión Banco, explicó que, según su perspectiva, la normativa parece ir a contramano de la tendencia de las economías de buscar un acceso amplio a la información, con el fin de lograr cada vez una mayor eficiencia.
Igualmente, Macchi consideró que la ley “no ataca el fondo de la cuestión, que son las condiciones necesarias para conseguir un empleo y que este sea un empleo estable y con proyección”.
“Parece más una iniciativa con olor a populismo, antes que apuntar a una solución real, a un problema real. Lamentablemente, sí creo también traerá mayor ineficiencia al mercado laboral y, por tanto, a las empresas”, concluyó.
La ley deberá ser promulgada próximamente por el Poder Ejecutivo, luego de que el Congreso Nacional rechazara el veto parcial que se había realizado al proyecto.