Un Ministerio Público plagado de funcionarios “militantes”, que por lógica obviedad priorizan su militancia por sobre la defensa de la sociedad. Del lado de los jueces, parecería haber más corrupción que militancia. Pero, en todo caso, el resultado es el mismo. El Estado de derecho es quien garantiza que la sociedad no tome en sus manos el hacer justicia. Cuando este falla o se corrompe, es casi una resultante natural que la sociedad opte por suplir lo que el Estado no le ofrece.
Mucho peor, cuando esta negación de justicia se hace con ostentación, sin ningún pudor, diría, de manera impunemente bizarra. Los videos que hemos visto en los últimos días son sólo la gota que colma el vaso. Muchísimo antes, se denunciaron todos los ilícitos que hoy salen a la luz, sin que ningún funcionario judicial demostrara, hasta ahora, verdadera voluntad para avanzar en su investigación y su castigo. Funcionarios, jueces, amigos y socios del poder que se han vuelto abrupta y encandilantemente millonarios, en lo que ellos mismos denominaron “la década ganada”.
Fortunas que, ciertamente, son imposibles de justificar. La ostentación del nuevo rico hizo imposible que esas fortunas y sus “dueños” pasaran inadvertidos, como prudentemente indicaría el manual del delincuente: nunca llamar la atención gastando ostentosamente el botín logrado. Tropezaron con la misma piedra de siempre. Se creyeron que la impunidad no tenía fecha de vencimiento, que era para toda la vida. Ese fue su talón de Aquiles y, por qué no, el de la mayoría de los delincuentes: ostentación e impunidad.
Muchos argentinos, en el mientras tanto, apostaron fuertemente a que las nuevas autoridades, desde el inicio mismo de su toma de posesión del Gobierno, adoptarían drásticas medidas para combatir tan manifiesta corrupción. No fue así. El nuevo Gobierno se ha mostrado en exceso dubitativo a la hora de tomar decisiones a este respecto. Sin ir más lejos, le tiembla la mano para tomar el control de las calles. Prefiere cederla que asumir el riesgo de que “le tiren un muerto”, como no se cansan de repetir en su entorno. No reparan en el ciudadano, que pide a los gritos orden y respeto. No advierten que, al priorizar su seguridad, dejan desprotegido al ciudadano que le brindó su voto y su confianza. Esa desprotección la sociedad la siente, la vive, la sufre.
Tampoco percibe el ciudadano que se hayan tomado medidas en lo que hace a la depuración del Poder Judicial. Siguen actuando los mismos funcionarios que han venido “no actuando” hasta aquí. Luego, la pregunta que sigue es qué puede cambiar entonces. La respuesta es obvia: nada. Y, lamentablemente, es lo que vemos que sucede. Mucho fuego de artificio, pero resultados, ninguno. Los mayores responsables de los actos de corrupción que tanto daño le han causado al país se pasean y pavonean por las calles y los escenarios como estrellas de cine, declamando contra el actual Gobierno, rodeados de un séquito de fans que tienen piedra libre para hacer lo que les plazca, concitando la atención de todas las cámaras y los programas de televisión. Son ellos, los imputados, quienes denuncian e insultan a los jueces que osan citarlos, y les hacen sentir el rigor de sus fanáticos.
Con total descaro, siguen ocupando lugares de privilegio en áreas muy sensibles del Gobierno, a pesar de las denuncias que pesan sobre ellos, y a pesar de un nuevo Gobierno. Como frutilla del postre, por si todo ello no alcanzara, son muchos los que hacen gala de sus “fueros”, en un premeditado y provocador “por si acaso”. Por ello no debe sorprender que, al final del día, los ciudadanos, en cualquier ámbito sea que estén, “reaccionen” y manifiesten espontáneamente su disgusto ante tanta impunidad y falencia del Estado. De todos modos, en lugar de detenernos en la observación del árbol, sugeriría no perder de vista el bosque.
Dejar el control de la calle a una facción política por miedo a que le “tiren un muerto” es señal de debilidad, no de prudencia. Realizar allanamientos seis años después de ocurridos los hechos no es hacer justicia; en rigor, es todo lo contrario. De igual suerte, sobreseer una denuncia de enriquecimiento con toda prisa, sin pericias y sin apelaciones tampoco es hacer justicia; eso es y se llama impunidad. Es ahí donde debemos poner el acento y centrar nuestra atención. El que falla no es el ciudadano que reacciona por impotencia, sino el Estado, que no cumple con su rol. Desde ya que no está bien reaccionar, pero mucho peor es el desamparo del Estado. No perdamos de vista el bosque por detenernos en el árbol.
fuente infobae