Para eso, Cristina Fernández de Kirchner debería presentar sus denuncias antela Justicia y hacerlo en todos los casos que conozca, no solo contra empresarios, sindicalistas, periodistas o políticos que la critican.
Tomando el caso de las acusaciones contra el periodista Marcelo Bonelli, por ejemplo, llama la atención de que, por ejemplo, no ponga su mira en los casos notorios de periodistas financiados por el dinero público, es decir el que surge de los impuestos y que su gobierno administra en forma tan poco transparente que ni siquiera brinda el detalle de sueldos pagados a los Barone, Quiroga, Barragán y otros tantos.
Sin esa equidistancia, esas acusaciones se convierten en vulgares “escraches” contra quienes han osada criticarla con el propósito más general de amedrentar a quienes no piensan ni actúan como ella.
Hay en la actitud de la Presidentaun aire de superioridad moral. Un llamativo aire de superioridad moral dado que Cristina se ha beneficiado del poder político administrado por ella y por su marido tanto en Santa Cruz como a nivel nacional. Dos ejemplos: la compra a precio de amigo de terrenos fiscales en El Calafate y su posterior venta a un empresario extranjero que necesitaba el aval del Gobierno para concretar la compra de una cadena de supermercados, y el alquiler de un hotel de su propiedad a un empresario que se ha beneficiado de la concesión de obra pública en el nordeste del país.
En síntesis, una Presidenta que se ha hecho multimillonaria gracias a la política y que, a través de la cadena nacional, escracha por presuntas irregularices a sus críticos.
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