Desde que los Ferrocarriles Argentinos fueran destruidos sistemáticamente por las políticas neoliberales de los años 90,con la consiguiente dilapidación de recursos materiales, desocupación de trabajadores, desmantelamiento de ramales, destrucción de talleres y efectos sociales gravísimos para el país, ningún gobierno, grupo empresario, sindicatos, organizaciones políticas o sociales-salvo excepciones testimoniales- se propuso seriamente recuperar el sistema de transporte ferroviario argentino- que en su momento-fuera el más importante de América Latina.
En lo que respecta a los gobiernos kirchneristas y su acción objetiva en este punto vemos que abundaron los subsidios incomprensibles, sistemas de control del Estado que no funcionaron, los sindicatos que nuclean al sector se incorporaron como socios, los concesionarios realizaron pingues negocios y los trenes, los usuarios y la calidad general del servicio fue cada vez más deficiente.
Hoy tenemos que lamentar una tragedia evitable. No se trata de un hecho aleatorio, de algo que podría o no haber sucedido y que el infortunio y los dioses del mal le propinaron a los trabajadores que a las 8.33 se estrellaron contra la estación de Once. Se trata en cambio, de materiales colapsados, de rieles que no se reparan, de inversiones que no se realizan, de subsidios millonarios que no se controlan, de direcciones sindicales cómplices que silencian los hechos, y por sobre todas las cosas-de un gobierno -que vuelto sobre sí mismo y enamorado de sus aciertos no logra gestionar esta nueva etapa argentina con la solvencia y la inteligencia que requieren las actuales circunstancias del país y del mundo
Hoy lloramos a 50 muertos y más de 600 heridos en un luctuoso hecho completamente evitable.
Sería hora de que esta tragedia conmueva los despachos oficiales y que el gobierno comience a cumplir con su deber republicano: gobernar. Porque no sólo se exhibe el patriotismo o la eficiencia de la gestión a través de un relato ideológico o de una comunicación brillante. La calidad de vida de los argentinos está en peligro cuando no se encaran los problemas reales, cuando no se corrigen las distorsiones de la economía, cuando no se llevan adelante las reivindicaciones sociales prometidas y sobre todas las cosas, cuando se ignora ,como si se viviera en el panteón más alto de las divinidades-la corrupción estructural de un Estado, cuya presencia es más retórica que real, más ideológica que práctica y que no alcanza a resolver o por lo menos a aliviar los problemas concretos de la sociedad argentina.
Son los trabajadores y los sectores más vulnerables los que padecen la ineficiencia de los funcionarios y la inexistencia de controles que mejoren la vida de los argentinos. Lo vemos diariamente en la falta de reglas en la vida social y hoy, lamentablemente, los muertos y heridos a causa de un sistema colapsado cuya responsabilidad-hay que decirlo claramente- le cabe principalmente al Estado.
Más allá de todo partidismo o polémica sobre matices de la política, el límite que no debe tolerarse es la amenaza a la vida misma. En este punto la obligación es decir nuestra palabra, y cuando la corrupción-porque de eso se trata-pone en peligro a la sociedad, el silencio es inadmisible y la denuncia un deber nacional que nos compete a todos.
Confiamos en que la Presidenta de la Nación dirija su gobierno hacia la preservación de los intereses de los argentinos, corrija las desmesuras de un sistema de prebendas desorbitado y fundamentalmente, que ataque la corrupción, síntoma y símbolo de la decadencia argentina de las últimas décadas.
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