Este objetivo, que puede sonar muy atractivo y marketinero, podría terminar de convertir al Banco Central en un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional con cada vez menos independencia.
Al menos eso se desprende de la opinión de economistas enfrentados con el Gobierno, para quienes la iniciativa oficialista sería un nuevo paso hacia la regulación total del sistema financiero y de la economía.
Actualmente, el artículo 3° de la carta orgánica del Banco Central señala que su misión primaria y fundamental no es otra que preservar el valor de la moneda. También dice ese artículo que, en la formulación y ejecución de la política monetaria, el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del PEN.
Pero estos principios quedarían subordinados a lo que decida el Poder Ejecutivo, si prosperara el proyecto que en estas horas elaboran legisladores del oficialismo y técnicos del Banco Central, con el aval de su presidenta, Mercedes Marcó del Pont, quien siendo diputada, tres años atrás, había presentado una iniciativa parecida.
La propia presidenta Cristina Kirchner ofreció un anticipo de la propuesta la semana pasada, durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central. En esa ocasión, la primera mandataria sostuvo que "la única posibilidad de resguardar el valor de la moneda es a través del crecimiento del PBI, con la generación de puestos de trabajo, un sólido mercado interno y el fortalecimiento de las exportaciones".
También la Presidenta justificó la reforma al considerar que "no podemos seguir con las mismas ideas monetaristas que llevaron al desastre mundial que comenzó en 2008".
La iniciativa que evalúa el oficialismo podría combinarse con otra presentada tiempo atrás por el diputado Carlos Heller, titular del Banco Credicoop y aliado del kirchnerismo, que propicia una reforma a la ley de entidades financieras y la declaración de su actividad como servicio público.
El kirchnerismo, para lograr la aprobación de su proyecto en la Cámara de Diputados, además, podría buscar un acercamiento con los legisladores del Proyecto Sur, que lidera Fernando "Pino" Solanas, entre quienes Claudio Lozano ha propuesto la constitución de un Fondo Nacional para el Desarrollo con reservas de libre disponibilidad del BCRA que se destinarían al financiamiento de la actividad productiva.
Un siguiente paso que evaluaría el oficialismo, aún no resuelto, podría pasar por una suerte de nacionalización de los depósitos bancarios, de tal manera que los bancos reciban depósitos del público por cuenta y orden del Banco Central. Con ese flujo, la entidad monetaria podría financiar al sector público con el fin de incentivar la producción. En otras palabras, se transformaría en una segunda Anses.
El economista y ex presidente del BCRA Rodolfo Rossi juzgó que la reforma que propicia el oficialismo es "un nuevo paso hacia una regulación total del sistema financiero" y "una deformación de los fines de cualquier banco central del mundo, que es preservar el valor de la moneda, lo cual implica una garantía de defensa del salario y de su poder adquisitivo frente a la inflación".
La presentación del proyecto es un eslabón más de la estrategia kirchnerista de ampliar, por la vía del intervencionismo del Estado, su núcleo duro de votantes hacia sectores de izquierda y centroizquierda, con la esperanza de polarizar al electorado y alcanzar el 40 por ciento de los votos en la primera vuelta de las próximas elecciones presidenciales, lo cual le permitiría retener el poder si la oposición se atomizara.
fuente lanacion