Las Cortes aprueban por unanimidad la propuesta del Grupo Socialista para que la Junta unifique los parámetros de los currículos de los altos cargos, los verifique y los haga públicos, al lograr
el apoyo de todos los miembros de la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. El procurador Fernando Pablos defendió la proposición no de ley que insta a la Junta a la elaboración, a través de la Consejería de Transparencia de un formulario en el que consten de forma «clara y nítida» los principales aspectos del curriculum vitae de todos los altos cargos de la Junta de Castilla y León, miembros de entes y fundaciones vinculados al objeto de su verificación y publicación. «Es una iniciativa en positivo, no puede ser más sencilla y cuenta con un precedente aprobado por consenso en el Ayuntamiento de Salamanca» donde la moción promovida por el Grupo Socialista en abril 2018, contó con el voto favorable del entonces alcalde de Salamanca y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernando Mañueco. El procurador socialista señaló en su intervención que se trata de evitar cosas tan sorprendentes como que en el perfil de Fernández Mañueco que se puede consultar en la página web de la Junta no aparezca ni cuándo ni cómo se licenció en Derecho, diplomado por la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad de Salamanca y que su experiencia personal se limite a señalar «presidente del PP desde 2017». «Resulta sorprendente también que el vicepresidente, Francisco Igea, no tiene curriculum», continuó Pablos, que también tiró del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para afear que el nombramiento de cuatro asesores del presidente de la Junta a parezca en dos líneas. «Una de ellas tiene como gran mérito ser amigo de Mañueco», denunció Pablos en referencia a Ignacio Cosidó . «En ninguna publicación de la Junta aparece cual es el fin del nombramiento de Cosidó ni los méritos que tiene para , parece, ser asesor en materia de lucha contra la despoblación», criticó Pablos incidió en que las noticias sobre falsificaciones de currículos trasladan una imagen negativa de la política y defendió la transparencia a la que los ciudadanos tienen derecho para conocer a quienes pagan su sueldo, así como la idoneidad para los cargos a los que han sido nombrados. «Hay personas cuya experiencia personal al margen de la titulación les capacita para desarrollar las actividades del cargo, pero si es bueno que se conozca cada uno de los ámbitos en que se formaron y a que se han dedicado», señaló. Por su parte, la ‘popular’ Inmaculada Ranero, que expresó el apoyo de su grupo a este ejercicio de transparencia y rigor, avanzó que pedirán en la próxima reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes que se haga extensiva esta medida a los procuradores de las Cortes.
FUENTE DIARIO ABC:
