Había sido denunciado por la compra de un edificio de la Procuración
El alto funcionario de la Procuración General de la Nación que fue procesado por negociar la compra de un edificio para el organismo por $44 millones con su medio hermano, volvió a trabajar en esa dependencia, con un sueldo cercano a los $100.000.
Guillermo Bellingi, el subdirector general de la Procuración que fue procesado por fraude, estaba suspendido mientras se realizaba un sumario administrativo. Pero venció el plazo legal de 90 días sin que se resuelva, por lo que fue reincorporado al organismo.
Bellingi sigue conservando su cargo de subdirector general por el que cobra casi $100.000, pero trabaja ahora en la Biblioteca, un área no sensible donde está fuera del circuito administrativo. Así lo explicaron a LA NACION fuentes con acceso al trámite, que señalaron que el sumario está en su etapa final.
La maniobra de la compra de un edificio para la Procuración le valió la renuncia a fines del año pasado a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales, presionada por el Gobierno para que dejara el cargo, luego de sus decisiones en sintonía con el kirchnerismo.
La Justicia entendió que Gils Carbó urdió un plan con Bellingi para direccionar la compra de un nuevo edificio de la Procuración por $44 millones y permitir que un intermediario, Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, cobrara una desmedida comisión de casi $8 millones. Se sospecha que parte de la comisión se la quedó Bellingi.
Para el juez Julián Ercolini, Gils Carbó determinó las condiciones de la licitación tras visitar con Bellingi el edificio de Arfinsa. A su vez, se flexibilizaron los requisitos de los oferentes, hasta el punto de no pedirles el certificado fiscal para contratar.
La inmobiliaria Jaureguiberry estaba informada de la licitación antes de que ocurriera, tanto que firmó un contrato con Thill para repartirse la comisión antes de que la licitación fuera convocada y publicada.
Esta es la acusación de la causa penal que está apelada y sobre la que debe resolver la Sala I de la Cámara Federal, que debe definir si confirma o no el procesamiento de Gils Carbó, Bellingi y Thil, entre otros.
Sumario
Mientras, avanza el sumario administrativo sobre el que debe decidir, en última instancia, el Procurador a cargo Eduardo Casal. El encargado del sumario es el procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.
En ese sumario, Rodríguez hizo un informe donde sostuvo que tiene acreditadas las irregularidades administrativas por lo que pidió al procurador Casal su destitución.
Notificado de esta decisión, Bellingi hizo su descargo por escrito y pidió algunas medidas de prueba. Requirió que se incorpore un peritaje informático de la causa penal donde se investigaban mails entre la inmobiliaria, el intermediario y la procuración, que probarían que existía un conocimiento previo de la licitación antes de que se publicara.
Rodríguez pidió a Casal una prórroga hasta que se incorpore esta prueba. Ahora la decisión la tiene Casal, que resolverá si le da mas tiempo a Rodríguez o si le indica que termine el sumario como está y lo eleve para definir el futuro de Bellingi.
En el sumario administrativo se busca probar si efectivamente Bellingi transmitió a su medio hermano información confidencial. Se lo acusa de no haberse excusado en la tramitación de la licitación sabiendo que el intermediario era Thill.
En el pasado, Bellingi se desempeñó como director de la Oficina Nacional de Contrataciones en la Jefatura de Gabinete cuando estaba Aníbal Fernández. Era subordinado de su hermano Eduardo Thill, no de Juan Carlos, el intermediario que cobró la comisión inmobiliaria.
fuente lanacion
Autor Hernan Cappiello
