La politica publica de corrupcion en Argentina

Estas actividades ilegales son cometidas voluntariamente por una organización criminal a nivel nacional en donde las víctimas son la sociedad y los ciudadanos argentinos.

La corrupción es fuente de tensión y riesgos, es una amenaza a la seguridad, al desarrollo global, a la política exterior, al comercio exterior, a los derechos humanos, al sistema democrático, a la justicia y a los sectores políticos-económicos y sociales del país. Es además un instrumento del crimen organizado y del terrorismo que por sus lazos transversales con otros delitos ocupa una plaza privilegiada en la criminalidad internacional.

La presidenta de la república Kirchner y su vicepresidente Boudou, las más altas autoridades del Estado, que ejercen  el control político, jurídico, militar sobre los actores públicos ( y algunos sectores privado parapúblicos), son los responsables directos e incontestables en la comisión de esos delitos. Los otros autores y cómplices hacen parte del poder ejecutivo, judicial, legislativo,  de la administración pública y de sectores aliados de la sociedad civil. Alianzas estratégicas se forman para eludir la justicia anticorrupción.  

El ejecutivo argentino  ejerce un clientelismo sin límites, el dinero constituye la base de su poder[1] y de control político-territorial. Agregando otras variables como la inseguridad jurídica,  la violación de los derechos humanos, la persecución de los medios, el control de la justicia…se determina que la administración Kirchner reúne las mismas características que Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela, China…

Corrupción y sistema internacional

Las convenciones contra la corrupción de la OEA[2] y de las Naciones Unidas[3] de las cuales la Argentina es signataria precisan que “La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los  pueblos…La corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos; sus vínculos son  cada vez más estrechos con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero, los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes…”  

En 2012, durante la jornada mundial contra la corrupción de la ONU[4], se  la reafirma como un crimen grave, que: 

• Obstaculiza el desarrollo económico y social, aumenta la pobreza mediante el desvío de la inversión nacional y extranjera en los sectores donde más se necesitan;

• Debilita el sistema educativo y el sistema de salud, lo que priva a la población de los componentes básicos de una vida digna;

• Socava la democracia, ya que distorsiona el proceso electoral y socava las instituciones públicas, lo que conduce a un riesgo de inestabilidad política;

• Exacerba la desigualdad y la injusticia en la subversión del estado de derecho y castiga a las víctimas de delitos que se enfrentan a decisiones judiciales viciadas.

Para Transparency International que tiene como principal vocación la lucha contra la corrupción de los gobiernos e instituciones internacionales, este flagelo se representa bajo diferentes formas, con una incidencia mundial en el cual el costo político, social, económico y medio ambiental es considerable.  Desde la malversación de fondos públicos, pasando por el abuso de poder de funcionarios, los sobornos, hasta la pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones y sus funcionarios. La desmotivación de las inversiones privadas o la inestabilidad política y social, son las representaciones más frecuentes[5].

En el ámbito empresarial y comercial la Convención de lucha contra la corrupción de agentes públicos en las transacciones comerciales internacionales de la OCDE “considera que la corrupción es un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales internacionales, incluidos el comercio y la inversión, que suscita graves preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno y el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales…”[6]. Una guía de buenas prácticas de esos principios, los controles internos, la deontología y la conformidad[7] completó esas preocupaciones. En 2008, la OCDE exhorta la Argentina a mejorar las capacidades con el fin de hacer respetar correctamente el documento suscripto[8]. En 2007, el gobierno argentino decidió  no aceptar el control de un equipo internacional de expertos de la OCDE que debía realizar una evaluación sobre el compromiso jurídico adquirido[9].

Corrupción y Derechos Humanos

Numerosas ONG internacionales denuncian que la corrupción es una violación a los derechos humanos. Así,  la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) considera que “la corrupción participa o es la causa de violación de los derechos humanos. Esto se manifiesta cuando el sistema judicial no es independiente, imparcial y justo debido a la corrupción de sus jueces. Mientras que un poder judicial independiente es el guardián del derecho a un juicio justo, a la igualdad de todas las personas ante los tribunales, al ejercicio de un recurso a las víctimas de violaciones de derechos humanos y todos los principios garantizados en el Pacto Internacional de civiles y políticos”.  La corrupción también afecta el derecho de toda persona a participar en los asuntos públicos, por las prácticas de clientelismo, sobornos, etc.[10]

En el caso de Transparency-International,  trabajar contra ese delito es vital porque “es una violación de los derechos humanos” y a los fundamentos de la democracia. Ello afecta en particular a los sectores desfavorecidos, frena la lucha contra la pobreza,  es un factor que contribuye al subdesarrollo e incluso ocasiona la muerte. Por ejemplo, cuando a raíz de la corrupción a las autoridades de las agencias de control estas autorizan la venta de medicamentos falsificados o cuando las normas  antisísmicas de la construcción no se cumplen.[11]

Para el Equipo Nizkor-Derechos Humanos: “Claramente, la corrupción generalizada a niveles mayores roba a un país de sus riquezas y lleva a graves violaciones de los derechos económicos, destruye economías y condena a la población al desempleo, al hambre y el desamparo. Los políticos y empleados públicos corruptos no son sólo culpables de crímenes comunes sino de graves violaciones a los derechos humanos”[12].

Corrupción y seguridad

Para algunos expertos la corrupción es una nueva forma de terrorismo[13], o se la compara con el terrorismo[14],  pero todos  la reconocen como una amenaza creciente y constante a la seguridad. Es un delito que provoca consecuencias graves en la seguridad de las personas  mediante el soborno de las autoridades  encargadas de hacer cumplir las disposiciones legales[15].

El G20 en su plan de acción anticorrupción[16]  solicitó al GAFI abordar el problema de la corrupción en el marco de sus trabajos sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo dado que corrupción y lavado del dinero están intrínsecamente relacionados. Las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional pueden ser utilizadas en la lucha contra la corrupción[17] como se detalla  en el informe correspondiente a los  factores de riesgo específicos del lavado de dinero en los actos de corrupción[18]

La Convención de Palermo de las Naciones Unidas[19] identifica la corrupción como una delincuencia organizada transnacional y constata los vínculos crecientes de esa actividad delictiva con  los delitos de terrorismo.  Se solicita asimismo en ese documento  la colaboración de todos los Estados para que reconozcan esas relaciones. Esta convención determinara los elementos esenciales que definen una organización criminal transnacional y los medios jurídicos, políticos para combatirla.

Aún más grave en el caso argentino, la corrupción es también un delito contra el orden democrático, según el artículo 36 de la Constitución Nacional: “……Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…”

Corrupción en Argentina

En Argentina desde 2003, los autores y cómplices  del delito de corrupción, protegidos por el poder político, reúnen las condiciones de grupo delictivo organizado y de grupo estructurado definidos en el documento de Palermo de la ONU[20] . Estos grupos no fueron creados fortuitamente y sus miembros actúan con el propósito de cometer esos delitos con el objetivo de obtener beneficios económicos o materiales. Sus acciones delictivas violan el código penal, la constitución nacional y las convenciones internacionales.

A parte de los funcionarios públicos, otros  autores se  benefician  de ese delito  presentándose  bajo estatus diferentes[21]: militantes sociales,  responsables de programas de gobierno, defensores de los derechos humanos, sindicalistas oficiales, periodistas-funcionarios, responsables piqueteros: todos actúan impunemente,  hacen ostentación de poder y  de recursos financieros. ¿Quién los controla?

La Oficina Anticorrupción investiga más de 700 carpetas,  interviene en 92 casos y 550 personas (entre funcionarios y particulares)  se encuentran imputadas.  Entre esos nombres están: los esposos Kirchner, Boudou, De Vido, Julio;  Alderette, Victor,  Ricardo, Jaime; Fernandez, Anibal… El mapa de la corrupción deja  un saldo de 35 causas abiertas a diciembre 2012[22]

El último informe  público de la Oficina Anticorrupción[23] precisa que  “Durante el primer semestre del año 2012, la cantidad de carpetas de investigación iniciadas en la Oficina Anticorrupción alcanzó la cifra de 8076.  De éstas, 178 fueron abiertas entre enero y junio del mencionado año”. A la lectura de ese informe hubo 4284 carpetas investigadas en el 2002, pasando a 5251 en el 2003 y desde ese periodo hasta la fecha del informe, existe un crecimiento permanente de los casos investigados que representan los 14000  anuales.

En el informe elaborado por el Ministerio Publico,  conjuntamente con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y  el Centro de Investigación  y prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE),  se demuestra que el promedio del trámite judicial en los casos de corrupción es de más de 11 años, que solo 14% de entre ellos llegan a juicio oral o abreviado, y  que los jueces pueden demorar en sus resoluciones hasta 3 años[24]. La ACIJ se presentó  en 90 causas de corrupción[25], y el Ministerio Publico  realiza un monitoreo en 34 casos de relevancia[26], existiendo algunas casos desde 1998.

Analizando esos informes, la pregunta que debe responder el gobierno es: ¿Cómo es posible que en otros juicios iniciados por hechos muchos más antiguos que los de corrupción, se encontraron todas las pruebas, justificaciones jurídicas, testigos, jurisprudencia, la alianza con ONG, periodistas, recursos humanos, financieros y los jueces con las directivas del poder político, juzgaron y condenaron a los acusados?

Ese mismo principio se  debe utilizar para acelerar los procesos “dormidos” en curso, para que la justicia cumpla su misión y la transparencia llegue a los ciudadanos. Ninguna ONG, periodistas o militantes de los derechos humanos podrá oponerse a ello.

La justicia dispone de útiles procesales que ya demostraron sus resultados  para dinamizar esos juicios y encontrar rápidamente respuestas. Los numerosos acusados por ese delito son presuntamente culpables, responsables de esos actos delictivos a quienes se les debe aplicar la inversión de la carga de la prueba[27] y los principios de la autoría mediata de Claus Roxin. Los magistrados de la republica podrán así hacer respectar la doctrina penal nacional.

Algunos de esos casos más relevantes que fueron de conocimiento público:

• Mientras que la situación de los argentinos es catastrófica hubo en ese mismo periodo una evolución misteriosa de hasta 2800% de la fortuna personal de los ministros de los Kirchner, desde el ingreso al gobierno.[28] Entre los beneficiarios están Echagaray, Garré, Parilli, Zannini, Boudou, Timerman, Tomada, Fernandez Anibal, Del Vido, Moreno….y sus respectivas esposas/os, exitosas mujeres de negocios o profesionales de reputación.

• Alrededor de 1200% fue el crecimiento de los bienes de la familia Kirchner desde que la pareja llego al poder en 2003; con un capital actual de  89 millones de pesos[29],  tres juicios en curso para investigar sobre esos delitos fueron cerrados por los jueces[30]

• Boudou y la “causa Ciccone” entre otras 54 aparece como imputado al vicepresidente de la republica según el registro de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal[31]

• Las acusaciones de corrupción en la Asociación Madres de Plaza de Mayo que recibe recursos del estado, preocupa la comunidad internacional[32]

• Diversas imputaciones que fomentan la cultura de la impunidad realizada por  organizaciones sociales, humanitarias, con el consentimiento del Estado[33] y la crítica de los organismos internacionales por la falta de transparencia en las estadísticas oficiales, el acceso a la información pública…

Todos estos altos funcionarios y socios  supieron por sus conocimientos técnicos evaluar donde invertir seguro y aumentaron considerablemente su capital desde 2003! Los ministros de economía del mundo, los presidentes de empresas, industrias, bancas, los altos responsables de organismo internacionales, las altas autoridades políticas de gobiernos extranjeros, académicos, deberían disponer de los análisis de esos expertos  para orientar las inversiones  en sectores rentables y así reducir los grandes problemas económicos, políticos y sociales del mundo actual.

Numerosos hombres y mujeres arriesgan sus inversiones y patrimonio personal en los sectores que son los únicos generadores de riqueza y del crecimiento del país. ¿Cómo es posible entonces que los beneficios porcentuales de los actores económicos que ejercen honestamente en el mundo de la empresa, la industria, el comercio, servicios (economía material e inmaterial),  aumenten menos que los de funcionarios y otros beneficiarios sin los mismos esfuerzos? El ejercicio de la política no es una profesión empresarial, es un mandato ciudadano transitorio, ¿cómo lograron entonces esa rentabilidad excesiva los ministros, hombres políticos y asociados?

Pese al panorama idílico que muestran los hombres políticos y sus socios con los beneficios considerables en inversiones, para Transparency International el índice de percepción de la corrupción 2012 de la Argentina está en el puesto 105 de los 176 países evaluados y en el 16 como miembro del G20[34]. Ella decrece considerablemente en los últimos años y “lamentablemente Argentina no muestra un compromiso real en la lucha contra la corrupción. La ausencia de normativas clave como una ley de acceso a la información pública, y la debilidad en la que se encuentran la mayoría de los organismos de control, entre otras cosas, justifican la percepción que se tiene sobre la corrupción en Argentina”[35].

Para el programa Word Justice Projet[36] la Argentina obtuvo resultados regresivos tanto en la corrupción, seguridad y actividad regulatoria, ubicándola en el puesto 70 sobre 94  en la independencia de poderes de los países estudiados. 

En el informe sobre la competitividad mundial del World Economic Forum,  la Argentina ocupa la plaza 94 sobre 144 países tratados, retrocediendo 9 puestos con relación al año precedente. En este análisis la corrupción es el tercer factor más problemático para hacer negocios en el país, después de la inflación y la inestabilidad política[37].

Perspectivas

La corrupción en Argentina ejecutada y/o protegida  por las autoridades del Estado, es generadora de una cultura delictiva, de inestabilidad social.  Ella fomenta  el desempleo,  la pobreza, la criminalidad. Vehiculiza  el sentimiento de una “profesión” que se puede realizar en toda impunidad. Contribuye a deformar la imagen del país, a la proliferación de villas miserias. Frena los programas de cooperación y desarrollo de los organismos internacionales, hace huir los inversores extranjeros. Impide el avance industrial, la competitividad y la innovación. Destruye el buen gobierno y la democracia.  Los autores de ese delito deben ser destituidos de sus cargos, embargar sus bienes,  condenarlos penal y moralmente. 

Una política pública de corrupción fue instalada por el régimen político. La presidenta Kirchner, el vicepresidente Boudou y sus cleptocratas constituidos en organización criminal roban a la sociedad, a las instituciones nacionales que son solventadas con los impuestos de los ciudadanos, violan la confianza del pueblo que delegó en ellos su representación. La obligación de protección de la nación por parte del gobierno actual es inexistente. Esas personas, deben ser juzgadas por violación a los derechos humanos, crimen contra la humanidad y terrorismo, y denunciadas ante el consejo de derechos humanos de la ONU, otras instancias internacionales, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Transparency International y la comunidad internacional. ¿Acaso defender esos principios no es defender los derechos humanos?

La lucha contra la corrupción debe serlo de la misma intensidad, forma, convicción que contra el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad transnacional y la violación de los derechos humanos. Son todos de la misma familia y siempre están asociados en algún punto.  Comencemos ahora!.  Cada ciudadano puede participar denunciando ese delito, haciendo proposiciones de programas de anticorrupción. Por ejemplo: en los sectores de cooperación y desarrollo internacional, poniendo en prácticas reglas que condicionen el financiamiento de esos programas, aplicando  los principios del Ecuador[38] o los de IETI[39]

En Argentina actual, los numerosos miembros del gobierno, parlamentarios[40], altos funcionarios,  magistrados, responsables de organizaciones e instituciones afines al poder, hacen esfuerzos permanentes para identificarse con el tango Cambalache  “….el que no afana es un gil…”.  Cada ciudadano argentino debe proteger sus derechos porque nadie lo hará en su nombre y  debe asumir un rol de defensor de la verdad.

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