El PSOE, Unidas Podemos y sus socios de investidura no ven impedimento en que una diputada y ministra en funciones sea nombrada fiscal general del Estado. Eso es lo que se infiere
del debate vivido ayer en el Congreso de los Diputados, en el que los partidos afines al Gobierno unieron sus votos para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley del PP para modificar el sistema de elección de este cargo. El objetivo de los populares, tal y como defendió ayer el diputado Luis Santamaría, no era otro que el de «garantizar la neutralidad» del fiscal general de turno y que su nombramiento deje de depender del Ejecutivo. Pero tan solo defendieron la iniciativa en la fijación de posiciones Vox, Ciudadanos (Cs), Junts per Catalunya, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. «La fiscal general del Estado no duda en actuar como fiscal de parte a favor del Gobierno y en contra del PP», acusó Santamaría, en alusión a Dolores Delgado, durante su intervención. El parlamentario popular recordó que su iniciativa es acorde a las recomendaciones del GRECO y argumentó que poca «neutralidad» puede presuponérsele a una persona que en las últimas elecciones pedía el voto para uno de los partidos hoy en el Ejecutivo.El PP cree que Delgado, exdiputada del PSOE y exministra, actúa como «fiscal de parte» De poco le sirvió su exposición de motivos, porque los diputados acudían a la Cámara Baja con el papel aprendido de casa. Lo más llamativo, quizá, fue comprobar cómo algunos de ellos se mostraban favorables a una modificación similar para anunciar a continuación un «no» a la toma en consideración. El argumento: que el PP en el pasado no propuso cambiar el sistema cuando estaba en el Gobierno. Los grupos podrían haber avalado ayer este trámite e introducir enmiendas más adelante, pero no quisieron darle vida. Reproches «El problema para ustedes no es garantizar la independencia de la Fiscalía General del Estado, es que ahora no la controlan», señaló Néstor Rego, del BNG, en un argumento que repitieron CUP, EH Bildu o ERC. De «maniobra demagógica» a «debate estéril», las descalificaciones se sucedieron. Fueron constantes también los intercambios de reproches entre el PP, el PSOE y Podemos, con alusiones permanentes a la Operación Kitchen, a los ERE y a la presunta corrupción de Podemos por los contratos con Neurona. Santamaría ironizó al afirmar que el PSOE, con los 700 millones de euros de los ERE, es «el único partido que podría pagar la cláusula de Messi». Símil futbolístico que le devolvió en su réplica el socialista Francisco Aranda, quien acusó a Pablo Casado, a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de ser «como el niño que coge el balón y se va a casa cuando va perdiendo». Fue esa, la del bloqueo de la renovación del CGPJ, la principal crítica desde PSOE y Podemos, que pasaron de puntillas por la idoneidad del nombramiento de Delgado. Macarena Olona (Vox) y Edmundo Bal (Cs) tendieron la mano al PP, aunque pidieron una reforma «más profunda y ambiciosa».
FUENTE DIARIO ABC:
