
Para evitar mayores importaciones de gas el próximo invierno, las empresas estiman que deberían reactivar la producción durante este mes. Mientras la Secretaría de Energía no define el
esquema para incentivar la inversión, un artículo del proyecto de ley que grava por única vez a la riqueza (patrimonio de más de $ 200 millones) propone destinar parte de lo recaudado a la producción de gas.
Pero el esquema propuesto es particular. Lo recaudado iría a Ieasa (la ex Enarsa), que se encarga de las importaciones de gas. Y la ex Enarsa trabajaría proyectos de gas con YPF.
El artículo 7 del quinto inciso de la ley que grava a las “grandes fortunas” establece que el Tesoro le dé dinero a Ieasa, la ex Enarsa. Esa firma se encarga de las importaciones de gas. En la época del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Ieasa estuvo sospechada de irregularidades en la compra de cargamentos de GNL importados.
En el esquema propuesto, que ni los consultores en energía terminan de entender del todo, Ieasa desarrollaría bloques de producción de gas con YPF. La petrolera de mayoría estatal se encargaría de lo operativo, pero el gas obtenido iría a Ieasa para que esta última se encargue de comercializarlo.
YPF es 51% estatal. Hay un 49% privado que deberá dar su opinión sobre el acuerdo con Ieasa (ex Enarsa). Foto Reuters
La idea, que vino del ministerio de Economía -que ahora tiene a cargo la Secretaría de Energía- es para que el Estado disponga de más fondos para el estímulo a la producción de gas. El plan Gas 4, que había desarrollado Energía bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo (que encabeza Matías Kulfas) parece haber quedado en espera. Esa propuesta buscaba crear condiciones para la provisión de gas (de productoras a distribuidoras, que son las que lo llevan a hogares y comercios) para los próximos cuatro años.
El Poder Ejecutivo quiere beneficiar a YPF con esta iniciativa. Pero el resto de las productoras de gas quedarían excluidas, algo que no cae bien en el sector, porque se vive como una discriminación. El desarrollo de nuevos proyectos de gas sería solo a través de YPF, que podría asociarse a otras empresas. “Esto destruiría al mercado oferente”, entiende un consultor del sector, contrario a la iniciativa.
El interventor del ente regulador del gas, Federico Bernal, es un exégeta de Julio De Vido. Reivindica las importaciones de los anteriores mandatos del kirchnerismo -que superaron los US$ 50.000 millones- frente a la producción nacional.
Pero el proyecto de ley asume el costo de las importaciones. Con la misma cantidad de fondos que se destinan a las importaciones, se obtiene “8 veces más” de gas natural de producción nacional. Al importar menos, se beneficia la balanza cambiaria, y la producción nacional crea empleos y paga impuestos, ayudando a la economía en su conjunto.
Ieasa se quedaría con bloques de gas de YPF pero no está claro de qué manera. Mientras que Ieasa es 100% estatal, YPF es 51% estatal. El desarrollo conjunto entre ambas no está en el proyecto. Un acuerdo requiere cláusulas legales, comerciales y operativas que están ausentes. El Estado estaría quedándose con algo que es mitad del Estado, pero también de privados (el 49% de YPF).
Ieasa es una importadora. No tiene equipo técnico propio para dedicarse a la producción. Su anterior incursión en la producción de gas no fue exitosa. Se asoció con la empresa neuquina de petróleo y gas para Aguada del Chañar. Perforaron 11 pozos de tight gas, sin los resultados esperados. Se construyó una planta de tratamiento de gas. Todo costó más de US$ 100 millones, y no funcionó.
El nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, está definiendo el equipo que lo acompañará en su gestión. El funcionario hizo declaraciones a favor de la producción nacional, pero esquivó definiciones puntuales, a la espera de rodearse de especialistas que lo ayuden en esas definiciones.
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