Nueva polémica en Barcelona a costa de los bloques de hormigón que el Ayuntamiento instaló hace unos meses, en pleno estado de alarma por la pandemia por coronavirus, para pacificar las calles
del centro de la ciudad. La medida tenía que servir para dotar de máxima seguridad a los peatones y paradójicamente ha sido considerado por parte de la oposición y del tejido social como un riesgo para los ciclistas y motoristas. Ahora, el caso ha pasado a manos de la Fiscalía que investigará la legalidad de estas piezas. Según avanzó El Periódico, la Fiscalía de seguridad vial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación sobre estos bloques después de que un abogado denunciara que su colocación podía suponer un riesgo, por un lado para vehículos (sobre todo motos y bicicletas) pero también para los propios peatones, que se han acostumbrado a usar las piezas como bancos. Los controvertidos bloques se instalaron en calles del Eixample como Rocafort, Consell de Cent o Girona y pretendían separar el espacio en calzada de coches del de peatones, tras la transformación urbanística impulsada por el gobierno municipal la pasada primavera para que estos últimos ganaran más espacio público a costa de quitar carriles de tráfico rodado. Preguntada este martes por la cuestión, la alcaldesa Ada Colau ha defendido la medida porque «lo que no es normal es haber tenido una ciudad construida alrededor del coche y no del peatón« y ha remarcado que si se instalaron los bloques fue para que contribuyeran a reducir la contaminación y la calidad del espacio público de la ciudad. Denuncia continuada de JpC y PP Antes de que se arrancara este procedimiento judicial, parte de la oposición ya fue especialmente crítica con los bloques. Los grupos municipales de Junts per Catalunya (JpC) y el PP alertaron de su peligrosidad para la integridad física de los usuarios de la vía pública. Precisamente la semana pasada, la formación neoconvergente reclamó por escrito al Ayuntamiento los informes que avalan la instalación de estos bloques. JpC lamenta que la alcaldesa Ada Colau se comprometió en julio a facilitar estos documentos y ha vuelto a reclamar una auditoría técnica e imparcial que evalúe la seguridad de estos elementos, y que se retiren cautelarmente hasta obtener los resultados.
FUENTE DIARIO ABC: