Cae la confianza de los consumidores
Para la mayoría de la población las dificultades se miden, en primera instancia, con el bolsillo: ¿alcanzan los ingresos para, al menos, mantener el nivel de vida? ¿Se sostendrán las fuentes actuales de ingreso (empleos, negocios, actividades autónomas) o decaerán y eventualmente se extinguirán?
A falta de estadísticas del INDEC, las que hay señalan que febrero registró una inflación de entre 4 y 4,8 por ciento y que en el primer trimestre el porcentaje está alrededor del 10 por ciento. Y todavía no se produjo el aumento en las tarifas del gas ni del agua ni puede decirse que el incremento experimentado por la de la electricidad sea suficiente para compensar el desequilibrio provocado por una década de virtual congelamiento. Es decir: habrá más.
El índice de confianza de los consumidores que mide mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella registró en febrero una caída de 15,6 puntos (más de 14 puntos de caída desde la cifra del mes anterior). Esa tendencia es un puente hacia la calificación política: también se encogió la buena imagen del Presidente.
Por cierto, Macri mantiene muy buenas marcas y, en general, las encuestas indican que la mayoría de la sociedad no lo culpa a él por las dificultades, sino al gobierno anterior… por el momento. La Casa Rosada celebra la foto pero no se duerme sobre esos laureles .
Esta semana el jefe de gabinete, Marcos Peña, señaló la lucha contra la alta inflación como “el gran objetivo de este año”. Es un programa. Y un plazo. ¿Será posible parar en seco el actual incremento de precios y pasar en el segundo semestre a un ritmo de 1 por ciento mensual, “compatible con el objetivo del año próximo de un 12 por ciento anual”, como ha prometido el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay?
La esperanza del acuerdo
La principal llave (no la única) para bajar la fiebre inflacionaria y atacar los problemas de fondo es, desde la perspectiva del gobierno, la resolución del pleito con los acreedores holdouts y la salida del default técnico apalancada en ese conflicto. De allí que la Casa Rosada concentre su esfuerzo en resolver la cuestión holdouts.
Que Argentina va a cumplir los recientes acuerdos con los fondos buitre es una certeza (o casi, si se prefiere: en un país más bien inclinado a pronosticar catástrofes conviene pagar algún tributo al escepticismo).
Si ha habido discusiones y tironeos en estos días es sobre cómo se repartirán los costos y los réditos políticos de esa decisión. Que, para hacerle la vida más complicada al Presidente, debe pasar por el Congreso.
El ajustado triunfo de Macri en el ballotage del último noviembre le permitió a Cambiemos conquistar el Poder Ejecutivo, pero los votos de octubre no le habían alcanzado para dominar las cámaras legislativas; particularmente el Senado, donde mantienen cómoda mayoría los elegidos con la boleta del Frente para la Victoria. Para gobernar, el Ejecutivo debe negociar.
Para algunos analistas la situación actual evoca los tiempos en que el que ocupaba la Rosada era Raúl Alfonsín. Cuando el radicalismo ganó la presidencia, en 1983, pudo manejar con fuerza propia la Cámara Baja, pero el peronismo mantuvo hegemonía en el Senado y desde allí, con el control de la Comisión de Acuerdos (a cargo de Vicente Leónidas Saadi), practicó una política de tratos pampa con la Casa Rosada y a través del juego de pasa-no pasa, influyó decisivamente en la designación de jueces y embajadores y obtuvo gran número de lo que Hipólito Yrigoyen llamaba “efectividades conducentes” a cambio de consentir leyes que el Ejecutivo considerable importantes.
Toma y daca a la carta
En estos días, ni la Casa de Gobierno ni las voces más moderadas del abigarrado universo peronista admiten que la luz verde al arreglo con los holdouts esté sometida a un toma y daca de aquella naturaleza.
Por cierto, no puede sospecharse eso del cristinismo fundamentalista, que ha proclamado sin disimulo su designio de impedir a toda costa ese acuerdo. En cuanto a las distintas líneas que se han desmarcado de la obediencia a la señora de Kirchner, ellas no quieren aparecer ante la opinión pública imponiendo peaje a un paso que resulta indispensable e ineludible.
Y que aliviará a todos. No sólo el Estado central necesita recuperar la posibilidad de financiarse genuinamente en los mercados, las provincias también verán abrirse esa posibilidad (la de Buenos Aires acaba de colocar 1.250 millones de deuda pagando una tasa de 9,3 por ciento: apenas 0,6 por ciento menos de lo que los mercados le cobraron a Scioli; después de que se liquide el expediente holdouts, la Nación, las provincias y las empresas privadas verán sustancialmente reducido el costo del financiamiento).
Sin embargo, aun cuando el tema específico de la normativa que permita cumplir con el acuerdo ante el juzgado de Griesa no sea objeto de trueque, el gobierno está recibiendo un mensaje polifónico: para que funcione, la gobernabilidad debe ayudar a todos.
Y eso tiene una lectura múltiple: debe contribuir a que el estado central transite los meses de reacomodamiento que demanda la herencia recibida (en primer lugar, la inflación). Pero también debe tener una dimensión federal: obras y recuperación de recursos para las provincias.
Y asimismo una dimensión social: debe rescatar a los más hundidos (sectores vulnerables, jubilados) y promover a los que trabajan.
Sergio Massa y los renovadores están subrayando este costado, junto al peronismo disidente (Diego Bossio) y al sindicalismo. Los planteos pasan por el replanteo urgente del impuesto a los salarios (pisos y escalas), por una discusión salarial que admita la in flación real no la deseada y también por el cumplimiento del objetivo del 82 por ciento para las jubilaciones.
La reunión de Rogelio Frigerio con los gobernadores ofreció respuestas a la dimensión federal del problema que complementan y amplían los compromisos que el gobierno había adquirido previamente con Sergio Massa.
Es una puerta entreabierta. Las otras dimensiones serán satisfechas más temprano que tarde.
Todos los interlocutores insisten en que el asunto de los holdouts no es materia de toma y daca. Lo sea o no, el centro de la cuestión es la vulnerabilidad legislativa del gobierno. La debilidad relativa que esa circunstancia impone al Ejecutivo (un rasgo que suele ser celebrado por los amantes de la división de poderes, que siempre sospechan de los gobiernos que tienen fuerza propia) sólo puede convertirse en vigor si la cogobernabilidad se vuelve un programa compartido y las pujas naturales se encuadran en ese marco. Si las diferentes partes se integran en una arquitectura de conjunto.
De lo contrario, la dispersión que hoy algunos observadores celebran porque “hay muchos actores, muchos protagonismos” puede convertirse en centrifugación, en coqueteos con la anarquía.
