Mientras el oficialismo agita enérgicamente la consigna de la reforma constitucional y la re-reelección de Cristina Kirchner, “el relato” del gobierno parece ejercer cada vez menos influencia sobre la opinión pública. Ni siquiera es consumido de buen grado por sectores que votaron por la Presidente y se mantienen aún a la sombra de la coalición K.
La opinión pública
Una encuesta reciente (de Datamática) ofrece coordenadas en ese sentido. La inseguridad, que para la narrativa oficial -desde Aníbal Fernández a Nilda Garré- es apenas una “sensación”, para la opinión pública constituye el principal problema del país, según la muestra. 67 de cada 100 interrogados jerarquizan el tema como su mayor preocupación. Pisando los talones de la inseguridad, aparecen como inquietudes el desempleo y la inestabilidad laboral (54 por ciento) y el aumento de los precios (49 por ciento). El gobierno ha dedicado años a destruir las huellas estadísticas de la inflación (y con ellas a una institución que fuera prestigiosa: el INDEC) en procura de instaurar una ficción en el lugar de la realidad. La opinión pública (y últimamente, con ella, hasta distinguidos miembros de la coalición oficialista, como los líderes sindicales de la llamada CGT-Balcarce) se guía por los precios verdaderos y no por los que fraguan los soldados de Guillermo Moreno. La idea oficial de que una persona puede alimentarse (y nutrirse) por seis pesos diarios cuando no genera indignación provoca risa.
CFK, única candidata
La atmósfera no luce propicia para intentar una re-reelección, que requiere una reforma constitucional. Y, sin embargo, el oficialismo parece condenado a probar suerte, porque –a sus propios ojos- no tiene ningún otro candidato potable más allá de la señora de Kirchner. Una de las estrellas del conglomerado propagandístico-intelectual Carta Abierta, la socióloga María Pía López, lo confesó sin rubores: “La reforma constituyente es urgente –señaló- porque el kirchnerismo no tiene otro candidato que Cristina Fernández de Kirchner. Este proceso político no puede ser continuado por personas como Scioli y no ha surgido un candidato alternativo”.
Aunque fuera cierto que sólo la figura de la señora de Kirchner puede mantener la estructura inestable del oficialismo, esa necesidad del goberino no es condición habilitante para la reforma y la re-reelección. Primero es preciso que el congreso habilite una convocatoria a modificar la Constitución (lo que requiere una mayoría especial de dos tercios de ambas cámaras) y luego es preciso que la ciudadanía respalde en las urnas el proyecto re-reeleccionista (una “propuesta maldita para los argentinos”, según el más oficialista de los miembros de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni).
Ocurre, sin embargo, que para un 40 por ciento de la sociedad (según la muestra de Datamática) la situación general del país es “mala” (40,2 por ciento); sólo un 26,67 por ciento la califica de “buena”. Y eso, a pesar de que un 32,8 por ciento considera “positiva” la imagen del gobierno (contra un 38,4 por ciento que la ve “negativa”).
Un tercio de ese 32,8 por ciento que tiene imagen positiva del gobierno, está “en desacuerdo” con las medidas que restringen la compra-venta de dólares. Y más de 4 de cada diez de ellos están “en desacuerdo” con las medidas que restringen las importaciones. La política del gobierno no termina de convencer ni siquiera a los más proclives al oficialismo. Un 20 por ciento de estima que el gobierno restringe la libertad de los medios de comunicación.
Obstáculos para la eternización
Con esos números actuales, tendría que modificarse muy rotundamente el panorama para que el Poder Ejecutivo pueda contar con un voto de la ciudadanía favorable a la re-reelección.
En cuanto al primer paso (la declaración legislativa que convoca a la reforma constitucional), hasta ahora el gobierno se movía con la hipótesis de que en las elecciones legislativas de 2013 podría conseguir un triunfo decisivo, que le diera las mayorías que precisa para la reforma (o, al menos, una cifra de diputados y senadores cercana a esa mayoría, que se podría alcanzar atrayendo unos pocos tránsfugas de otras fuerzas políticas). Pero las encuestas de proyección electoral que el oficialismo recibe le anuncian que esa ambición se mantiene muy lejana: hoy, las encuestas más benévolas le vaticinan a las listas cistinistas un botín electoral del 35 por ciento, una cosecha insuficiente para conseguir las bancas que necesita.
Y, además, un porcentaje 20 puntos más bajo que el que todavía enarbola orgullosamente el gobierno: el que la Presidente obtuvo hace diez meses. Es habitual que los apoyos que se concentran en candidaturas presidenciales se dispersen en comicios exclusivamente legislativos, pero el gobierno es conciente de que el riesgo de una diferencia tan amplia a dos años de distancia entre ambas elecciones no sólo desbarataría la perspectiva de la reforma y la re-reelección, sino que dejaría muy debilitado al Ejecutivo para lo que le reste.
La ilusión del anticipo
Probablemente en virtud de esos razonamientos, empieza a ganar espacio en Balcarce 50 la idea de anticipar la pelea legislativa por la reforma constitucional. Se estudia la posibilidad de intentar la convocatoria reformista antes de la renovación parlamentaria, con este Congreso y mientras aún es posible invocar como argumento legitimador el 54 por ciento que la Presidente obtuvo en octubre del último año.
Hay conversaciones (y tentaciones) en marcha. El voto de varios congresistas que visten camiseta opositora a favor de proyectos emblemáticos del gobierno (confiscación de las acciones de Repsol en YPF o la reciente expropiación de Ciccone Calcográfica, por ejemplo) alienta expectativas en los elencos oficiales.
El creciente cambio de atmósfera en la opinión pública empieza a ser acompañado por movimientos de los actores políticos. La reunión que este jueves mantuvieron en Córdoba el gobernador José Manuel De la Sota y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri es un hecho de indudables proyecciones, por más que sus mismos protagonistas se hayan esforzado en contener esas especulaciones para ubicar el encuentro en el plano más inocente del natural diálogo entre personas con responsabilidades políticas (“Los que piensen que esto es una foto de un conspiración entre políticos se equivocan mucho –advirtió De la Sota-. Esta es una foto del respeto a la pluralidad y a la convivencia”).
Lo evidente: los dos gobernadores mostraron voluntad de trabajar juntos para contener la ofensiva (los ataques) del gobierno: “El que disiente con el Gobierno es castigado. Le pasa a De la Sota y también a mí”, destacó Macri. De la Sota fue rápidamente castigado con la agitación callejera de grupos sindicales y militantes asociados al gobierno central.
Los actores políticos
Además de ese diálogo y esa foto en Córdoba, De la Sota ha instado a todos sus colegas a enfrentar la voracidad fiscal del gobierno y ha mantenido contactos con Daniel Scioli, con el santafesino Antonio Bonfatti y con el mendocino Julio Cobos. Macri, por su parte, busca convergencias con sectores del peronismo, con el radicalismo y con otras fuerzas: algunas ya han empezado a manifestarse en el Congreso. Lo que se insinúa es un movimiento plural en defensa de la Constitución, del diálogo político civilizado, del federalismo, de la unión nacional.
La búsqueda de esos ámbitos de diálogo y acuerdo no es una exclusividad de los políticos: en el marco de la disgregación del oficialismo, la CGT-Azopardo, con Hugo Moyano a la cabeza, está remando en la misma dirección y tejiendo nexos con otras organizaciones del trabajo y la producción, desde la CTA que conduce Pablo Micheli hasta la Federación Agraria y sectores de la Unión Industrial.
A principios de la década del 70, ante un gobierno autoritario que pretendía sucederse a sí mismo (esa era la ilusión del general- presidente Alejandro Agustín Lanusse) y en un clima político signado por la presión terrorista, la arbitrariedad facciosa y la crisis política, Juan Perón, con la ayuda de su viejo adversario, Ricardo Balbín, puso en marcha un ámbito de diálogo y coincidencias que se llamó La Hora del Pueblo. No era un frente electoral (de hecho, Perón y Balbín se enfrentarían en las urnas pocos meses después), sino un acuerdo institucional para garantizar gobernabilidad futura y para presionar a un poder que, incluso en retirada, procuraba manipular la situación política (y hasta llegó a reformar de facto la Constitución).
Quizás con otros actores y en un cuadro por cierto muy diverso (aunque no le falten algunos puntos en común con el de aquellos años), la sociedad argentina tiene expectativas de que se renueve aquel espíritu acuerdista, para poder afrontar los desafíos de la hora: la inseguridad, la inflación, el trabajo en negro, el centralismo estatal que sofoca autonomías provinciales y derechos individuales, la fragilidad institucional, la debacle de la educación, el avance de la droga…
La arremetida del oficialismo por la “profundización del modelo”, la reforma constitucional y la re-reelección (en suma, “vamos por todo”) empieza a generar sus anticuerpos.
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