El alcalde de Recas (Toledo), el socialista Eliseo Ocaña; las concejalas de UCIN (Mayte Bravo) y Ciudadanos (Pilar Barroso) y tres exconcejales socialistas (José López, María Isabel Panes y María del Mar
Panes) serán juzgados por prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas ha visto indicios racionales de criminalidad en la aprobación de la moción por la que los acusados suprimieron el sueldo de la entonces alcaldesa, Laura Fernández Díaz (PP), y segunda teniente de alcalde, Gabriela Zamorano, así como las retribuciones del resto de concejales del Grupo Municipal Popular. Todos se enfrentan a una pena de inhabilitación para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de entre 9 y 15 años, según prevé el Código Penal para este delito, lo que implicaría la imposibilidad de terminar la legislatura para el alcalde socialista y las concejalas de UCIN y Ciudadanos. La moción ya había sido anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo por desviación de poder. Ahora el Ministerio Fiscal considera que los imputados eran conocedores de la ilegalidad del acuerdo, por lo que ha formulado una acusación contra ellos, según informó ayer Laura Fernández en un comunicado de prensa. Fianza de 32.667 El Ministerio Público solicita la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 11 años (por encima de la pena mínima que prevé el Código Penal), además de las costas. Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas les ha impuesto una fianza de 32.667 euros para asegurar las responsabilidades civiles derivadas del delito. Las actuaciones ya se encuentran en el Juzgado de lo Penal número 4 de Toledo, pendiente del examen de la prueba propuesta y del señalamiento para el comienzo de las sesiones de juicio oral.
FUENTE DIARIO ABC: