Esto ya que dos niñas resultaron abatidas en el hecho. Ambas tenían 11 años y eran hijas de Magna Meza y Liliana Villalba, líderes del grupo armado, según
“Además de lo criminal del operativo, resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes de que sean identificados y entregados a sus familiares. Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”, refiere el comunicado.
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Para la organización, el acento triunfalista del Gobierno en relación con lo ocurrido está más cerca de ser caracterizado como terrorismo de Estado, que como un logro en materia de seguridad. “Es de por sí incompatible con todo principio de derechos humanos”, agrega.
Debatir sobre la Ley de Defensa Nacional
Por otro lado, la Coordinadora considera que se deben esclarecer por completo estos hechos y abrir nuevamente el debate sobre la modificación de Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, al igual que el decreto respectivo que instituye a las Fuerzas de Tarea Conjunta.
“Ya demasiado dolor y hechos punibles se le atribuyen, que se evidencian muy desvirtuada de los fines para los que fue creada”, menciona.
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La Coordinadora se manifestó este viernes, ya que la muerte de las dos niñas, el escenario y las circunstancias muestran sospechas de que supuestamente habrían sido montados.
“La insólita reacción del Ejecutivo no es más que la prueba palpable de la más vil podredumbre que suman a las demandas de, al menos, revisar la propia existencia de las Fuerzas de Tarea Conjunta”, concluye el documento.