A pedido del fallecido juez Claudio Bonadio, y en el marco de la causa por los Cuadernos de las Coimas, unas 850 personas y empresas fueron investigadas
por el presunto movimiento de dinero espurio. Para cumplir esa orden, entonces la AFIP creó un Comité Coordinador que estuvo integrado por unas 70 personas. Pero, tal como informó Clarín, ese equipo fue desintegrado por la actual gestión. Y ahora se comenzó a auditar su trabajo, que analizó el movimiento de fondos de Cristina Kirchner, su familia, empresarios como Ángelo Calcaterra, grandes empresas del país, entre otros. Lo extraño es que esa tarea ya había sido auditada.
En 2018, cuando avanzaba con su investigación del caso Cuadernos, Bonadio remitió ocho oficios a la AFIP -que conducía Leandro Cuccioli– para pedir información específica de los empresarios involucrados como también de los holdings que las firmas integraban. El último de los pedidos pidió algo más puntual: que se investigasen los movimientos de dinero de ex funcionarios, dueños y directores de compañías, y también de esas empresas.
El requerimiento judicial era mucho más amplio que los más de 40 empresarios procesados, como la más de media docena de ex funcionarios. La AFIP tomó la decisión de crear un Comité Coordinador para abarcar el universo de contribuyentes que implicaba la investigación, que tenía otro desafío: debían contemplarse los movimientos de dinero de los últimos doce años.
El ministro de Producción Matías Kulfas junto a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont durante el anuncio de la Moratoria 2020, en enero. Foto Luciano Thieberger.
Los contribuyentes investigados fueron 850. El número fue amplio porque de cada imputado -entre ellos Cristina Kirchner- debía analizarse el entorno familiar y el crecimiento patrimonial de todos durante esos años, algo que se trasladó a los empresarios. En este último punto, había otro factor a contemplar: cada empresa analizada podía estar vinculada a otras compañías. La red fue inmensa.
El Comité Coordinador fue integrado por 70 personas del fisco, entre técnicos, abogados, especialistas, que también tuvieron a su cargo otras investigaciones, como la vinculada a los posibles movimientos de fondos ilícitos en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, que involucraba al primo del ex presidente Mauricio Macri, o la causa sobre Oil Combustibles, petrolera de Cristóbal López.
Cuando la tarea pedida por Bonadio inició, se hizo una reunión de coordinación incluso con autoridades judiciales, para que comprendan la tarea que se emprendería y los alcances del Comité. Pero en simultáneo se decidió auditar el trabajo emprendido: como se trabajaba con información que se encuentra bajo secreto fiscal, buscaban evitar a futuro cualquier denuncia por procedimientos indebidos en en el trabajo.
En esa auditoría participó además la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se establecieron un protocolo de trabajo y una metodología de investigación. En junio de 2019, la auditoría concluyó que se aplicaron “los procedimientos” requeridos, y que hubo una “correcta registración” de los oficios pedidos, “no surgiendo aspectos a observar”, sostiene el documento al que accedió Clarín.
Asimismo se planteó en aquella auditoría que el Comité creado por el fisco “brindó respuestas razonables” a los pedidos de la Justicia y que en el manejo de la información que debía analizarse para responder al oficio judicial, “resulta positiva la creación de un Comité de seguimiento y control y un grupo específico de trabajo y su comunicación al juzgado interviniente”.
La semana pasada, sin embargo, se conoció que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, avanzó en el sumario administrativo que había abierto para investigar a este grupo de trabajo interno. Además, disolvió la Dirección de Integridad Institucional y derogó varias resoluciones sobre transparencia adoptadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
El sumario ya abrió un debate. Mientras voceros de Marcó del Pont dijeron a Clarín que el sumario busca determinar si el accionar de ese grupo de trabajo “estuvo ajustado a derecho”, fuentes judiciales advierten que si se termina anulando o comprometiendo los informes y pruebas que mandó a la Justiciapodría servir como argumento para que los procesados en esas causas pidan su nulidad.
Cristina Kirchner y Cristóbal López denunciaron que ese comité funcionó como un “grupo de tareas” para espiarlos utilizando información fiscal. Desde la anterior gestión, sostienen que todo funcionó ajustado a derecho y que la auditoría realizada sobre el funcionamiento del Comité Coordinador, “dio cuenta de ello, tuvo una función específica para contribuir en causas judiciales”.
Desde la actual gestión indicaron que el sumario iniciado que pone bajo sospecha el funcionamiento de aquel Comité “no afectará la colaboración de la AFIP a causas judiciales”.
Sin embargo, tanto desde algunos sectores de la justicia como también entre quienes integraron la anterior gestión del fisco, la medida de Marcó del Pont encubre “una intención de terminar de desarmar el grupo de trabajo creado” en el segundo semestre de 2018 para colaborar con el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
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