Horacio Jaunarena sobre la toma de tierras: “Si el cumplimiento de la ley es una lotería, nos perpetuaremos como país de segunda”

de rango constitucional como el del respeto de la propiedad, de la prensa independiente o del ejercicio de libertades individuales, pueden ser transgredidos con absoluta impunidad dada la pasividad del gobierno para actuar en consecuencia.

Un conjunto de delincuentes en zonas de Neuquén atribuyéndose ancestros mapuches, ocupan tierras, incendian propiedades y, amenazan a pobladores con total impunidad. Más cerca, en el gran Buenos Aires, se producen ocupaciones de extensas superficies sin que exista una explícita voluntad oficial de restaurar la normalidad. Empresas, quedan ilegalmente sitiadas por activistas que reclaman por la afiliación de sus empleados al gremio cuyo máximo responsable almuerza en familia con nuestro Presidente.

Mientras todo esto ocurre y la inseguridad la sufrimos todos frente a una delincuencia cada vez más violenta, no debe de extrañarnos que en simultáneo se repitan casos de gatillo fácil o de quienes, frente a la absoluta inseguridad, tomen su protección por cuenta propia y se multipliquen conductas de lo que técnicamente llamamos “excesos en la legítima defensa”, que suceden, muchas veces, por la desprotección que ocasiona la ausencia de la necesaria defensa de nuestras vidas que tiene que brindar el Estado. Ya vemos en el Gran Buenos Aires carteles de vecinos que advierten a los delincuentes que en determinadas zonas hay una seguridad que se procura por cuenta propia, sin contar con el accionar policial al cual reputan ineficaz.

En momentos en que la Argentina está en medio de una crisis económica con pocos antecedentes y, cuya responsabilidad no es exclusiva del actual gobierno, necesitamos imperiosamente de pactos políticos y acuerdos sociales que garanticen la durabilidad en el tiempo de las políticas económicas que se acuerden para superar la crisis y generen la confianza imprescindible para atraer las inversiones del exterior sin las cuales es imposible alcanzar niveles mínimos de desarrollo de nuestras potencialidades.

Cabe preguntarse si la estrategia del gobierno para conseguir este objetivo es aplicar caprichosamente la ley, apostar a una justicia complaciente y distraída y alentar o proteger conductas de aquellos que pretenden, a través del odio y del resentimiento, dividir a la Argentina entre amigos y enemigos Con mucha razón destacados analistas han reiterado la necesidad de concretar acuerdos entre el gobierno y la oposición para arribar a consensos acerca de políticas a seguir que permitan a la Argentina salir de la postración y de la mediocridad en la que está sumida. Sabemos que sin la construcción de esa masa crítica de apoyo la empresa es de cumplimiento imposible.

Más allá de las declaraciones oficiales que se constituyen en expresiones de deseos que luego sus acciones contradicen, es necesario asumir que ninguna Nación seria se construye si no formulamos un compromiso de que esa construcción, solo se puede concretar si se hace dentro del respeto a la ley, con el firme compromiso de dar vigencia efectiva a las garantías constitucionales, y con la decisión de defender la moral en el ejercicio de la función pública y luchar contra la corrupción. En todo el ámbito político, en todos los partidos democráticos, encontramos personas dispuestas a apostar en este sentido.

Mientras que el cumplimiento de la ley sea una lotería que depende de la voluntad cambiante del gobierno, de sus amistades o de sus conveniencias políticas inmediatas, nos perpetuaremos como País de segunda, y no detendremos la decadencia en que estamos sumidos desde hace mucho tiempo.

Todavía el gobierno que es quien debe tomar la iniciativa está a tiempo de elegir. Hay mucha gente aún dispuesta a acompañarlo.