Del sitio se procedió a incautar un aparato celular así como también reportes de entregas de documentos que serán evaluados y analizados en conjunto con los demás elementos
Explicó que se tiene previsto realizar más allanamientos, por lo cual no puede brindar mayores datos al respecto del procedimiento realizado este viernes.
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“Esta investigación se inició a raíz de las denuncias formuladas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), fue un trabajo de investigación de análisis previos en el cual pudieron informar y detectar este esquema que fue montado a los efectos de la evasión impositiva. Tenemos identificados hasta el momento 190 contribuyentes que habrían utilizado esas facturas que fueron conseguidas en forma ilícita, a los efectos de evadir el pago de los tributos”, expresó en conversación con NPY.
Afirmó que no pueden facilitar en este momento los datos de dicha empresa, si bien la SET remitió al Ministerio Público, teniendo en cuenta de que se están realizando las investigaciones y están en una etapa muy incipiente recolectando datos y elementos probatorios para dar con los responsables.
Mencionó además que la cantidad de contribuyentes, de firmas unipersonales, vinculadas entre sí, fueron detectadas inicialmente unas 52, en forma posterior con las investigaciones podría incrementarse de manera exponencial, así como también el monto de 50.000 millones que primeramente fue reportado.
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El miércoles pasado se realizó un procedimiento en el que incautaron varias documentaciones y detuvieron a una persona quien este jueves fue imputada por el hecho punible de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad. El Ministerio Público requirió su prisión preventiva.
La SET presume una evasión impositiva de unos G. 100.000 millones, equivalentes a USD 15 millones.
La pesquisa detectó que, hasta el momento, las principales compradoras de las facturas falsas son empresas constructoras con grandes licitaciones públicas en mano.
Estas compañías, cuyos nombres no se dieron a conocer debido al secreto legal de las actuaciones, adquirieron estos documentos con el objetivo de pagar menos al Fisco en concepto de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicios (Iracis), principalmente.