Con fuerte rechazo de la oposición, el Senado le dio media sanción a la reforma judicial

favor y 26 en contra. El eje de la iniciativa busca licuar el poder de Comodoro Py –lleva de 12 a 46 el número de juzgados federales- y, tras las negociaciones con los gobernadores, agranda -con más de 60 nuevos juzgados federales, 9 Cámaras de Apelaciones y tribunales orales- las estructuras judiciales de las provincias.

La bancada opositora de Juntos por el Cambio, que desde un inicio se opuso a la iniciativa por considerarla “inoportuna” y le pidió al presidente Alberto Fernández que la retire, dio el debate. Sus legisladores denunciaron un “plan de intervención e impunidad” del kirchnerismo y un “festival de cargos”.

Más allá de los discursos fuertes, la discusión se desarrollaba sin cruces ni exabruptos, con la resignación del final cantado: la mayoría propia del Frente de Todos para imponer su texto. Sin embargo, el proyecto se enfrentará a otra realidad en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo hoy no tiene los votos necesarios para convertirla en ley.

La primera chicana estuvo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. “¿Bullrich? ¿Dónde está Bullrich que el otro día no lo vi?”, apuntó con ironía la vicepresidenta, después del blooper que el senador del PRO protagonizó días atrás cuando en una videollamada usó una foto estática de sí mismo.

“Ya lo vi, ¿qué tal senador, cómo le va?”, lo saludó Cristina. “Muy bien presidenta, ¿Cómo está?”, respondió Esteban Bullrich. “Muy bien, mejor que nunca”, redobló la vicepresidenta. “Los argentinos no tanto”, retrucó el opositor.

En el arranque, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, fue la encargada de defender el proyecto judicial y vaticinó que no será el único. “Seguramente requeriremos de otras leyes para configurar una verdadera Reforma Judicial que otorgue tutela, garantías constitucionales e independencia”, planteó. 

Sus palabras estuvieron en línea a la opinión de la vicepresidenta, que dos días antes de la sesión le quitó peso al proyecto y aseguró que “el país todavía se debe una verdadera reforma judicial” que no es la que se debatió ayer.

“Los nuevos juzgados ayudan a desconcentrar el poder de Comodoro Py y cuanta mayor desconcentración menos arbitrariedad”, afirmó Sacnun. Destacó el “fortalecimiento de la justicia federal”, dijo que el proyecto se basaba en el Programa Justicia 2020 del gobierno anterior y negó un plan de impunidad: “El artículo 14 es claro y fija que ninguna causa va a ser quitada de su juez natural”.

También justificó la llamada “cláusula Parrilli”, que generó ruido dentro del propio bloque oficialista y con el Ejecutivo, donde el propio Presidente la consideró “un agregado casi ocioso”. Poco después de las 22, Oscar Parrilli, quien en el debate en comisiones había pedido introducir un inciso que obligaba a los jueces a denunciar las presiones de los “poderes mediáticos”, terminó dándole la razón al Presidente y a las denuncias de los medios de comunicación y solicitó quitar ese término del proyecto de ley, para “sacar fantasmas”.

Desde la oposición consideraron que ese punto era una “mordaza contra la prensa”. También se expresaron contra la negociación de juzgados con los gobernadores -a lo que la radical Silvia Giacoppo describió como “un mercado persa“- y criticaron el sistema de subrogancia estipulado para ocupar los cargos hasta que se definan los titulares por sorteo.

“Este proyecto, que es un festival de cargos, es simplemente un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”, aseguró la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), quien denunció que “el proyecto original creaba 279 cargos, pero después en el despacho que firmó el oficialismo se establece que serán creados 908 cargos”.

En un inicio, el oficialismo había informado que la Reforma tendría un costo de $ 1.939 millones. Según la oposición, el número asciende a $ 6000 millones.

Además de los juzgados provinciales, por reclamo de gobernadores se terminaron creando Cámaras de Apelaciones en 9 provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Formosa, San Luis y dentro del recinto sumaron también La Pampa y Neuquén). Así, solo dos provincias se quedarían sin Cámaras de Apelaciones propias: La Rioja y Tierra del Fuego.

Entre las modificaciones al proyecto original del Gobierno, los legisladores dieron marcha atrás con la unificarán el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo. Finalmente se creará un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia. 

En el inicio de la sesión, el cuerpo avaló a la extensión de la licencia del tucumano José Alperovich – denunciado por violación- hasta el 1° de enero de 2021.

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