“Un grave embate contra su autonomía e independencia”. Con estas palabras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió la decisión del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, de abstenerse de renovar el mandato de su Secretario Ejecutivo, el brasileño Paulo Abrao.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se ocupa de la protección de los Derechos Humanos de las personas que habitan el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, coordinados por un Secretario Ejecutivo, y tiene su sede en Washington. Mediante una petición ante el organismo, las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos pueden obtener ayuda porque la Comisión investiga y formula recomendaciones al Estado responsable para que reestablezca los derechos y se ocupe de la reparación.
“La Comisión rechaza todo tipo de interferencia y, en particular, a su facultad de elegir, renovar y separar a sus funcionarios de confianza. Estas atribuciones resultan indispensables para que la CIDH pueda llevar a cabo su mandato, preservada de toda presión o injerencia por medio de la cual se pretenda limitar los alcances de sus tareas”, precisó a Clarín la Comisionada chilena Antonia Urrejola, vicepresidenta de la CIDH.
Paulo Abrão 1
Con una reunión celebrada en Ciudad de México a principios de este año, la CIDH había resuelto “por unanimidad” renovar a Paulo Abrao el mandato por cuatro años más. Sin embargo, días pasados la OEA, en voz de su Secretario General Luis Almagro rechazó esa decisión. Fuentes de la OEA dijeron que son “más de 60” las denuncias contra Abrao presentadas ante la Ombudsperson del organismo, Neida Pérez, y mencionaron “acoso laboral” y “manipulación de concursos y contrataciones”.
“No es cierto que se realicen contrataciones ilegales. La OEA tiene un sistema formal de selección de su equipo técnico, el cual la Secretaría Ejecutiva de la CIDH cumple cabalmente”, respondió a este punto la vicepresidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.
Por su parte, Cancillería argentina respaldó a la Comisión Interamericana mediante un comunicado en el que afirmó: “Resulta lamentable que el Secretario General insista en basar sus acciones en sus propias afirmaciones, en este caso con referencias generales a un informe de acceso restringido. Ello denota falta de transparencia y de compromiso de diálogo con la Comisión”.
Canciller Felipe Solá participa desde sus oficinas en Buenos Aires de una teleconferencia con sus colegas del Mercosur
La cartera que conduce Felipe Solá añadió: “Nuestro país reconoce especialmente el rol esencial que cumple la CIDH en la promoción y protección de los derechos humanos de los ciudadanos de las Américas, y estará eternamente agradecido por su papel fundamental en la historia argentina”. Esto último, en relación a la visita que la Comisión hizo al país en 1979, en plena dictadura militar. A partir del informe que confeccionó tras esa visita, se legitimaron para el mundo las denuncias de desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos que se venían cometiendo desde marzo de 1976.
Sobre la polémica decisión de la OEA, este jueves también se expidió la ONU, a través de Michelle Bachelet en su rol de Alta Comisionado por los Derechos Humanos, quien pidió diálogo entre la OEA y la CIDH, diciendo que es importante que la establecida “independencia, autonomía y efectividad” de la CIDH no quede afectada por la disputa.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle BacheletFoto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dp / DPA
Es que en pocos días, el conflicto internacional escaló y de modo inédito para la historia de la institución, ex presidentes y directivos de la CIDH publicaron una carta pública en la que aseguraron que el organismo “en sus 61 años de existencia, se ha consolidado en un órgano internacional independiente de promoción y protección de los derechos humanos de las personas en las Américas, afirmando progresivamente su autoridad jurídica y moral”.
Por este motivo, hacían visible el pedido ante Luis Almagro como “un respetuoso llamado a fin de que proceda a la formalización de la renovación del mandato del segundo período” aclarando que “sin perjuicio de que las autoridades competentes de la OEA den curso al procedimiento de investigación interna de observaciones o denuncias que hayan sido presentadas”.
“Aquí no se trata sólo de respaldar a una persona, que desde ya tiene derecho a una defensa y a un debido proceso, sino que es la institucionalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que está en juego”, afirmó Gaston Chillier, director de Trabajo Internacional del CELS. “Esto es muy grave porque aquí se argumenta una decisión con un informe confidencial, del que nadie sabe su contenido y así se restringe la autonomía de un organismo que es clave para las Américas, más aun en el momento histórico que estamos atravesando”.
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