En El Bolsón continúa en aumento la tensión entre los vecinos de la localidad y los ocupantes de unas 60 hectáreas correspondientes a la Reserva Forestal del Mirador del
Azul y Cabeza del Indio. Los pobladores convocaron para el próximo sábado a las 16 a una marcha en rechazo a la toma de tierras que forman parte de su rico patrimonio ecológico.
El pedido del intendente Bruno Pogliano para que Gendarmería Nacional tome cartas en el asunto no tuvo repercusión ante la Justicia Federal. Además, los altos mandos de la fuerza no estarían cómodos con participar de un nuevo conflicto territorial en la Patagonia. Las muertes en 2017 de Santiago Maldonado, en Chubut, y de Rafael Nahuel en Mascardi, Bariloche, han sensibilizado a los agentes. Tampoco ellos quieren desatar la furia de sectores de la población identificados con sectores de izquierda y el kirchnerismo, informan altas fuentes provinciales.
“La Reserva Forestal es el pulmón de El Bolsón y es un patrimonio de todos y de las futuras generaciones”, resaltó a Clarín el intendente Pogliano. El área protegida fue tomada durante el fin de semana pasado por unas 100 personas que representan a otras 135 a 140 familias de la zona. Los vecinos argumentan que no tienen espacios para vivir dentro del ejido del pueblo.
La avanzada está compuesta por vecinos sin techo, pero también por representantes de organizaciones sociales con fuertes vínculos con comunidades mapuches, entre otras, pudo confirmar este diario.
En plena crisis el Concejo Deliberante aprobó en la últimas horas la creación de un registro único habitacional donde las familias afectadas podrán anotarse.
El martes el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Rudolph, y el edil José Caliva, tuvieron una entrevista con algunas de las personas de la ocupación. Estos le manifestaron que la pandemia agudizó sus problemas económicos y que ya no pueden pagar alquiler. Las familias pretenden construir casas con sus propias manos, explicaron ante los concejales.
Por su lado, el intendente Pogliano indicó que el municipio ha solicitado al INTA el traspaso en breve de 370 hectáreas a la comuna para desarrollar un loteo social.
Pogliano advirtió que, aunque el proceso administrativo está avanzando, es imprescindible que las familias desocupen la Reserva Forestal antes de iniciar cualquier otra gestión.
El intendente se reunió este lunes con la fiscal federal, Silvia Little, quien lleva las investigaciones del caso, pero se mostró frustrado por el resultado de las conversaciones. La fiscal Little recorrió la zona de ocupación y le informó a Pogliano que no encontraba un delito en marcha.
“Salí mucho peor de lo que esperaba, muy contrariado, no se ha desordenado el desalojo y no creo que lo ordenen. Para la Justicia no hay delito. Si la Justicia Federal no hace nada, si no ordena el desalojo, va a ser muy difícil parar este daño ambiental que se está produciendo y terminamos privilegiando al que toma”, le dijo a los vecinos que lo esperaban a la salida del edificio de la Justicia Federal.
El intendente le reclamó a la fiscal Little que se disponga la intervención de Gendarmería Nacional o la Policía Aeroportuaria con el propósito de desalojar el área. Por el momento, la funcionaria judicial estableció un plazo de 10 días antes de que las partes vuelvan a reunirse. La consigna era que las familias abandonen el terreno, pero esto no ocurrió en su totalidad. La toma sigue.
Pogliano ha advertido que en estos días se talaron numerosos ejemplares del bosque andino patagónico para hacer fuego o vender a particulares. “Hay ejemplares de 120 años”, le detalló a este diario. Para el intendente el daño puede ser irreparable si no se actúa con celeridad.
Las autoridades locales de Gendarmería Nacional están muy reacias a desplegarse en la Reserva Forestal por lo que sucedió el 1 de agosto de 2017 en Cushamen, Chubut, cuando falleció Santiago Maldonado en el marco de un procedimiento, según reconocen voces provinciales. Lo mismo cabe para los miembros de Policía Aeroportuaria.
El 21 de octubre de 2017 el cuartel 35 de Gendarmería Nacional de El Bolsón fue atacado por un grupo de jóvenes que lanzaron bombas molotov y piedras contra su fachada. Los gendarmes no quieren que esto se repita.
“Para intervenir tiene que autorizar la Justicia Federal y el ministerio de Seguridad y no vemos que eso vaya a ocurrir. Hay un ambiente enrarecido y descontento. Nadie quiere exponerse”, indica una alta fuente que conoce la interna de la fuerza. “Hoy en día hay que ser muy prudente”, agrega.
En las fuerzas de la zona existe el convencimiento de que la actual ministra del ramo, Sabina Frederic, no alentará intervenciones tal como había hecho su antecesora, Patricia Bullrich. Es fuerte el temor de terminar castigado o procesado por cualquier cosa que pudiera suceder durante un desalojo, subrayan.
GS
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