En el Instituto Patria hay mala onda con la ministra de Justicia del Gobierno nacional: “Está escondida”, aseguran en el búnker donde Cristina Fernández y Máximo Carlos Kirchner tienen despachos.
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Es más: directamente, hay enojo con Marcela Losardo, la abogada de confianza de Alberto Ángel Fernández, que fue parte de la letra de la reforma judicial que encaró la administración del Frente de Todos pero a la que, en el kirchnerismo, hoy ven con perfil bajo o nulo.
La desconfianza estuvo siempre, pues los más cercanos a Cristina Kirchner querían en la silla de ministro a alguien de su esquema. Se conformaron con el segundo lugar, que ocupa Juan Martín Mena, abogado que fuera segundo de Oscar Parrilli en la Agencia Federal de Inteligencia, en el tramo final del gobierno de CFK.
Pero Alberto quiso que su histórica socia de estudio jurídico fuera la responsable de la cartera de Justicia, pues el abogado y profesor de la UBA consideró que allí debía tener a alguien propio, para darle su sello a los cambios que pergeñaba para su mandato presidencial.
Cena de la Asociación de Magistrados: Elena Highton y Marcela Losardo. Foto Constanza Niscovolos
La reforma judicial salió, con textos finales redactados por el propio Presidente en su computadora pero con los toques fundamentales inspirados por el Instituto Patria. Basta ver cómo Gustavo Beliz se corrió del proyecto, en el tramo final, al ver que sus ideas para reformar la Justicia no eran tenidos en cuenta y primaban otras posturas. Primero, ganó la pulseada Marcela Losardo pero, finalmente, los pedidos de Cristina eran contemplados en una porción importante.
Basta ver cómo se resolvió el Consejo Consultivo de expertos y notables, y los temas que el mismo ya aborda: los eventuales cambios para la Corte Suprema, reformas en el Consejo de la Magistratura (claves para decidir la suerte de los jueces) y la idea de modificar cómo se elige al Procurador General, cargo que el kirchnerismo supo aprovechar a pleno durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
Alberto Fernández al presentar el proyecto de reforma judicial
En el Instituto Patria aseguran que Losardo quiso frenar la participación de Carlos Beraldi en ese Consejo, al considerar que su aparición en la nómina de 11 “notables” teñiría el desempeño de ese cuerpo. Finalmente, el abogado de CFK en los casos de corrupción que afronta en los tribunales federales de Comodoro Py se sumó al Consejo y estuvo presente en el acto de lanzamiento de la Reforma Judicial que se hizo en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Ahora, con la reforma ya con dictamen en el Senado. en el kirchnerismo la furia con Losardo es corroborada por la nula defensa que la ministra hace de los cambios. La ven con muy baja aparición en los medios para defender la iniciativa oficial y hasta han medido su floja intervención en las redes sociales hablando del tema.
Si bien reconocen que su actividad en redes no es muy prolífica, en el Instituto Patria tomaron nota de la ausencia de pronunciamientos en favor de la reforma judicial por parte de la ministra. En Twitter (@mmlosardo), apenas encontraron un posteo el 1° de agosto, dos retuits de las entrevistas que le realizaron en Página/12 y Radio 10, y un par de reposteos al anuncio que el Presidente realizó el 29 de julio. Mientras que en Instagram (@marcelalosardo), la máxima funcionaria judicial del Poder Ejecutivo no hizo ninguna referencia al proyecto que hoy se discute en el Senado de la Nación.
Marcela Losardo en “La Rosca”c
En este sentido, tampoco se salvan las cuentas del Ministerio de Justicia. En Twitter (@jusgobar), cinco placas ilustradas sobre los aspectos centrales del proyecto presentado por el Ejecutivo, subidas entre el 29 de julio y el 5 de agosto, al igual que en Instagram (@jusgobar).
En Facebook por su parte, la ministra (/losardomarcela) no hizo ningún posteo, mientras que el Ministerio (/jusgobar) subió las mismas placas que en las otras redes.
Todo esto terminó de moldear la mala onda de Cristina y sus más allegados. “Estamos enojados porque está escondida. Pareciera que se asustó con la filtración de su vínculo con la Secretaría de Derechos Humanos durante el macrismo. La corrieron con un contrato de ACARA”, afirmaron desde el entorno de Cristina con indisimulada maldad.
Como contó Clarín, la hoy ministra estuvo contratada por la secretaría de Derechos Humanos a través del “ente cooperador” ACARA, entre el 20 de abril de 2016 y el 12 de junio de 2017, con la categoría b5, por la cual cobraba 57.149 pesos.
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