El presidente Alberto Fernández anunció esta noche su decisión de declarar como “servicios públicos” a la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga”, de
manera de garantizar el acceso a toda la población.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente dijo que “de esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. “El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, advirtió.
“La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”, agregó el jefe del Estado.
Hemos decidido declarar servicios pblicos a la telefona celular, a los servicios de internet y a la televisin paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.
Alberto Fernndez (@alferdez) August 21, 2020
La educacin, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicacin son derechos bsicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aqu en adelante haya planes inclusivos de prestacin bsica, universal y obligatoria para quienes menos tienen.
Alberto Fernndez (@alferdez) August 21, 2020
La medida será tomada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará esta noche en el Boletín Oficial, señalaron fuentes oficiales.
Además de declarar a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales, la norma dispondrá el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre próximo.
Según las mismas fuentes, tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, debido a que pasará a ser un “servicio público” y ya no estará sujeta a la decisión exclusiva de las empresas, como sucede en la actualidad.
De esta forma, el Estado recupera las “herramientas regulatorias” sobre estos sectores.