La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Felix Crous, quien había sido denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y prevaricato,
por retirar al organismo como querellante del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. La magistrada consideró que los hechos investigados la llevan a “descartar la hipótesis delictiva esbozada por los denunciantes” ante la decisión “administrativa adoptada por el doctor Crous, la cual escapa al examen de este Tribunal”.
A las semanas de haber anunciado que la OA se retiraba como querellante de las causas por lavado de dinero contra la familia Kirchner, el fiscal Stornelli imputó a Crous impulsando la denuncia de diputados de Juntos por el Cambio, que buscaba determinar si el funcionario cometió delitos al hacerlo. La jugada de la OA ocurrió en el marco de una serie de medidas que para la oposición buscan solucionar la complicada situación judicial de la vicepresidenta.
Después de una serie de medidas de prueba, la jueza Capuchetti determinó que las acciones administrativas de la OA e retirarse de dos casos que tienen como principal acusada a la vicepresidenta y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner “no configurar los delitos mencionados por los aquí denunciantes”.
La jueza descartó la hipótesis delictiva “más allá de las razones de mérito, oportunidad o conveniencia de la decisión administrativa adoptada por el doctor Crous, la cual escapa al examen de este Tribunal”, sostiene la resolución a la que accedió Clarín.
En función de estos planteos, la jueza Capuchetti consideró que el accionar de Felix Crous al desistir de las querellas en Los Sauces y Hotesur “no ha sido contraria a la ley, ni tampoco se vislumbra medio de prueba alguno que permita inferir que el ejercicio de las funciones se realizó de forma arbitraria con la voluntad de beneficiar a los imputados o perjudicar el trámite de la causa, como pretenden los denunciantes”.
Bajo estos mismos argumentos, la magistrada entendió que no puede soslayarse que la constitución de la Oficina Anticorrupción como parte querellante en los procesos judiciales “resulta una facultad de dicho organismo, más no una obligación, como si lo es para el Ministerio Público Fiscal promover la acción penal en los delitos de acción pública y continuar con su ejercicio hasta la culminación del proceso”.
La primera denuncia la hicieron los diputados nacionales Jorge Enriquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Alvaro de Lamadrid, Pablo Torello, Julio Sahad, Luis Mario Pastori, Gustavo Rene Hein, Alberto Asseff, Lorena Matzen e Ingrid Jetter. Luego hicieron otra denuncia las diputadas de la Coalición Cívica Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Paula Oliveto para que se investigue a Crous por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. Y luego se sumó una tercera denuncia de la abogada Silvina Martínez, que aún no se sumó a esta causa pero seguramente lo hará.
Por su parte, Silvina Martínez presentó una tercera denuncia contra el titular de la Oficina Anticorrupción.
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