Alertan por condenas judiciales a periodistas en San Luis y Formosa, que restringen la libertad de expresión

periodistas Diego Masci y Gabriel Hernández, en San Luis y Formosa.

Es que los jueces provinciales les impusieron severos castigos a los periodistas por difundir el video que una ministra drogada envió a sus amigos por Whatsapp y por pasar los comentarios al aire de un oyente que cuestionó al gobernador Gildo Insfrán.

“Son temas que tenemos que discutir, para que no vaya avanzando la feudalización informativa en el país”, dijo Bullrich, presidenta del PRO, en una charla organizada por la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia). Su titular, Giudici aseguró que “en los últimos meses, producto de las medidas sanitarias, no solo los periodistas sino también ciudadanos fueron denunciados por opinar en Twitter”.

El periodista Diego Masci contó por qué fue condenado a pagarle $90.000 a la ex ministra de Educación y actual secretaria de Medio Ambiente de San Luis, Natalia Szpinuzza, “por violación de su intimidad”; condena que le aplicaron junto con la obligación de eliminar de su portal ZBOL.com el video en el que la funcionaria se filmó mientras contaba que estaba drogada porque había fumado marihuana y decía que planeaba comprar “semillas” en la ciudad de Amsterdam.

Ese video se viralizó en agosto de 2018 y provocó que el gobernador Alberto Rodríguez Saá le pidiera la renuncia a Szpinuzza. Sin embargo, poco después la volvió a designar en otro cargo dentro del gobierno provincial y testificó en el juicio contra el periodista. “La jueza usó en 12 oportunidades el testimonio de Rodríguez Saá fundamentando su sentencia”, dijo Masci, periodista de CNN Radio San Luis.

Además, el periodista Gabriel Hernández planteó cómo el gobernador formoseño reclamó estos días ejecutar un embargo por casi $2 millones contra él y otros periodistas de un programa de Radio Fantasía, que les impuso la Corte Suprema provincial, como indemnización por “daños y perjuicios”, por tener una actitud pasiva frente a un comentario de un oyente sobre el gobernador Gildo Insfrán.

En un audio de un minuto, un oyente anónimo acusó en el año 2013 a Insfrán de ser el autor material y facilitador de la muerte de su propio hijo Gildo Miguel, quien se suicidó según estableció la justicia provincial. Ninguno de los periodistas hizo ningún comentario sobre los dichos del oyente. “Lo raro fue que dos días antes de ese llamado, un funcionario de Insfrán, el director de Asuntos Administrativos, pidió en una escribanía que grabaran nuestro programa. Y después ese funcionario provincial fue a retirar esa grabación, que sirvió de prueba contra nosotros”, dijo Hernández. Y se preguntó: “¿Cómo sabía el gobernador que nos iba a llamar un oyente para dejarnos ese mensaje?”.

“Están pasando cosas que son gravísimas, con señores feudales en las provincias que creen poder manejarlo todo, con condenas muy duras que derrumban proyectos de vida y proyectos periodísticos”, dijo Mónica Gutiérrez. Y planteó la necesidad de asumir el compromiso “de hacer visible estos casos, en un contexto muy difícil para los medios y para los periodistas en todo el país”.

Con las justicias provinciales cooptadas por los gobernadores de San Luis y Formosa, la solución que plantearon los periodistas Masci y Hernández es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque las sentencias restrictivas de la libertad de expresión. Además destacaron el respaldo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Fundación LED, que permitieron visibilizar sus casos, exponer la manipulación de la Justicia y que los gobiernos provinciales sean interpelados por restringir la tarea del periodismo.

“Hoy presentamos la apelación al Superior Tribunal de Justicia de San Luis. Pero sabemos que nos va a fallar en contra, porque la presidenta es una operadora política y militante del gobierno de Rodríguez Saá”, dijo Masci. Y añadió que, una vez que su apelación sea rechazada, irán en queja ante el máximo tribunal nacional, tal como ya hizo Hernández.

Durante la charla también expuso el periodista Juan Pablo Suárez, encarcelado durante 10 días en diciembre de 2013, en Santiago del Estero, por publicar imágenes de una protesta policial contra el gobierno provincial; y al año siguiente logró que su procesamiento fuera revocado por la Cámara de Apelaciones de Tucumán. “Acá nos aíslan, la gente se cruza de vereda y te deja de saludar”, se lamentó Suárez sobre la reacción social ante el hostigamiento a los periodistas que son críticos del gobierno provincial.

“No podemos tener en la Argentina provincias donde un periodista pueda hablar y otras provincias donde no pueda hablar. Esta es una desigualdad inaceptable en un país que tiene una sola Constitución Nacional. Tenemos que abrir las puertas democráticas, para que todos puedan ejercer el mismo derecho en cualquier lugar donde vivan”, dijo Bullrich.

Y concluyó, respecto a los casos de San Luis y Formosa: “Los periodistas no tienen que explicar nada. Los casos son tan evidentes y de tal gravedad, que es muy importante que lleguen a la Corte Suprema o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. 

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